Dictadura va tras Universidad Paulo Freire

La Universidad Paulo Freire podría ser el nuevo objetivo del régimen sandinista, tras una serie de ataques en contra de diversas instituciones universitarias ejecutadas en el último mes.

El Ministerio de Gobernación le extendió una citatoria el pasado 13 de enero a la Universidad Paulo Freire, brindándole un plazo máximo de 15 días para presentar ante dicha entidad gubernamental todos sus estados financieros correspondientes al año 2020 y para responder “notas aclaratorias” relacionados a sus registros entre 2017 y 2019, haciéndoles cita de la Ley.

Cancelarán personería jurídica de tres asociaciones universitarias

La noticia fue dada a conocer por la dirección de relaciones públicas de dicho centro de estudios superiores, cuestionando que en febrero del 2021 el Migob se habría negado a recibir los reportes financieros correspondientes al año 2020, los cuales aseguran “quisimos entregar y depositar en esas dependencias, precisamente en cumplimiento de las obligaciones que al respecto nos indica la Ley 147”.

Además, “la Universidad Paulo Freire declara que jamás hemos recibido del Departamento de Registro de Asociaciones del Migob ningún comentario, ni glosas escritas, u observaciones a nuestros estados financieros de los años 2017, 2018 y 2019. Prueba de esto es que precisamente, la Dirección de Registro, nos entregó en tiempo y forma las «Cartas de Cumplimiento» de dichos periodos; lo cual, jamás hubiera ocurrido, si hubiésemos tenido temas financieros que aclarar”.

«Nos sorprendería que el gobierno nos tuviera en una lista de enemigos»

Al respecto, el director de la Universidad Paulo Freire, Adrián Meza, comparte a Nicaragua Investiga que desconocen con qué intenciones se están presentando las dificultades planteadas por el Migob. «Quieren crear una situación irregular que no existe» asevera.

Asimismo, indica que no tienen temor de enfrentar el mismo panorama que la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) —cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre— pero que por la misma «precaución y responsabilidad con los estudiantes y docentes» han hecho pública la situación.

«Nosotros no estamos enfrascados en una situación de confrontación política con el gobierno, la rectoría ha marcado algunas posiciones institucionales que hemos considerado elementales en algunas ocasiones, sobre todo cuando se ha tratado de temas vinculados a derechos humanos, pero realmente el tema político no es nuestro trabajo, sino el educativo». Meza considera que «hay un exceso de celo, el gobierno vive viendo adversarios en todas partes donde no los tiene», y espera que el caso se resuelva «objetivamente, en el marco de la legalidad».

El director de dicha casa de estudios destaca que la Paulo Freire incluso cuenta con programas de trabajo donde son beneficiados funcionarios del Estado y maestros de escuelas públicas, «nos sorprendería que el gobierno nos tuviera en una lista de enemigos institucionales porque nunca nos hemos sentido en esa condición, para nosotros sería una sorpresa muy grande que estuviéramos en esa dimensión» agregó.

El posible cierre de la Universidad Paulo Friere afectaría a «1,200 estudiantes de grado, unos 400 de posgrados y 500 maestros del sector público militantes de ANDEN que estudian en la universidad», alega su director.

Más instituciones de estudios cerradas

En caso de que surjan trabas, la Universidad Paulo Freire se sumaría a la creciente lista de instituciones de estudios superiores cuyas personerías jurídicas son canceladas por el régimen sandinista.

La Universidad Paulo Freire formaba parte del Consejo Superior de Universidades Privadas (Cosup), cuya personería también fue cancelada a finales del año pasado.

Dicha institución también se pronunció en rechazo del atentado que sufrió en Costa Rica el joven opositor Joao Maldonado, miembro de su comunidad estudiantil, indicando que “como institución educativa preocupada por la vida e integridad de nuestros alumnos sin distinciones políticas, pedimos respetuosamente a las autoridades de Costa Rica, una investigación que aclare los hechos e identifique y sancione a los culpables”.

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