Tras hacerse pública que fanáticos del FSLN han llegado a Estados Unidos gracias al parole humanitario, los opositores al régimen de Ortega-Murillo han lamentado esta decisión y solicitan a Estados Unidos que los investigue.
A través de su cuenta de Twitter, Yader Morazán, especialista en temas de justicia, informó el pasado jueves que tres simpatizantes del régimen habían llegado a Estados Unidos beneficiados con el permiso humanitario. Entre ellos se encontraban Alberto Soza Jarquín, un famoso paramilitar con un extenso historial delictivo, su esposa Gabriela Alejandra Rayo Castro, testigo falsa en el juicio contra monseñor Álvarez, y la ex policía María de Jesús Guzmán Gutiérrez.
Estas personas se suman a una lista de militantes sandinistas que han migrado a Estados Unidos en contra del discurso oficial, incluyendo ex funcionarios de la administración sandinista, propagandistas de los medios oficialistas, familiares de los funcionarios e incluso una nieta de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En relación a esto, Luis Fley, ex miembro de la Contra, sostiene que el hecho de que varios simpatizantes del FSLN se encuentren en suelo estadounidense es un ejemplo de la debilidad del sistema americano. «Creíamos que el parole iba a beneficiar solo a los perseguidos políticos dispersos en los países de Centroamérica, pero nos encontramos con que personas del círculo de Ortega están viniendo gracias al parole», dice.
Ley Ineficiente
Precisamente, Yader Morazán coincide con la postura de Fley y detalla que la ley del parole humanitario tiene debilidades y contradicciones, por lo que 20 estados han demandado al Gobierno por este programa. Aunque se refiere a la crisis política en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no menciona nada sobre las actividades políticas con antecedentes criminales.
«Ese doble rasero hace que la ley sea ineficaz, ineficiente y propicie este tipo de abusos que hemos denunciado. Personas que abiertamente han sido adeptas al régimen, que son paramilitares y cuya información se puede encontrar fácilmente con una búsqueda en Google, han logrado burlar los sistemas que protegen la seguridad nacional de nuestro país. Esto debe alertar a las autoridades, y como nicaragüenses, estamos convocados a denunciarlo», explica.
Por su parte, Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de la Unidad por la Democracia (PUDE), explica que esto se debe a la inestabilidad política que genera una crisis económica, incrementando los niveles de desigualdad social y pobreza, lo cual no excluye a las personas vinculadas con la dictadura sandinista. Esto lleva a que tomen la determinación de romper con la narrativa propuesta por el régimen.
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En cuanto a la inconformidad dentro del Gobierno, Luis Fley cree que la llegada de los sandinistas a suelo estadounidense muestra que existe insatisfacción interna en el Gobierno y que sus militantes prefieren abandonar sus puestos y migrar a Estados Unidos porque ya no sienten que las ideas del régimen sean compatibles con las del ciudadano común.
«Recordemos que estos funcionarios tienen familiares. Los policías tienen hijos y esposas que ejercen presión de alguna manera sobre sus familiares, que forman parte de las estructuras de las instituciones controladas por Daniel Ortega, y hacen presión para que se vayan. Ellos toman la decisión de venir a Estados Unidos para buscar asilo político, alegando que ya no están de acuerdo con la dictadura de Ortega», explica.
Impacto simbólico
Respecto a los últimos informes sobre los simpatizantes sandinistas beneficiados con el parole, el ex contra asegura que esta es una situación incómoda para la diáspora nicaragüense en Estados Unidos. Sin embargo, afirma que estas personas son seres humanos y deben demostrar que no participaron en la represión. Asimismo, considera que las autoridades estadounidenses deberían investigarlos.
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Martínez, por otro lado, considera que la huida de los simpatizantes sandinistas a Estados Unidos tiene un impacto simbólico, ya que contradice el intento del régimen de posicionar la estabilidad interna en materia económica, social y política. Además, puede acentuar la implosión interna que se ha evidenciado en los últimos años en las estructuras del FSLN.
El vocero de PUDE aboga por acciones de Estados Unidos para evitar que las personas involucradas en la represión sean beneficiadas por programas destinados a las víctimas de la violencia política. Sin embargo, también considera que ex miembros del FSLN deberían ser beneficiados si no han cometido crímenes en el contexto de la represión gubernamental. La seguridad del país y de las personas exiliadas debe ser salvaguardada, pero también se debe permitir cierta apertura y evaluación para aquellos que no han cometido delitos y estaban bajo la influencia o amenazas dentro del FSLN.
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