La codictadora Rosario Murillo anunció este miércoles 11 de octubre que, para celebrar el 44 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación (Migob), otorgarán «beneficios legales de convivencia familiar» para 500 reos comunes que están reclusos en distintos penales del país.
Con esos 500 otorgamientos de convivencia familiar a reos comunes, sumarían 5,300 solo en este año 2023, según un recuento que hizo el diario La Prensa.
El régimen comete delitos con esas concesiones, explica el director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos – USA (DNDH), Pablo Cuevas, porque violenta la ley 745, de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal.
Esta ley establece que no se puede liberar a un sancionado a la ligera, sino a través de un método científico y de un programa reinserción social adecuado, para que tenga un cambio de conducta y no salga a cometer delitos nuevamente.
Por el contrario, explicó Cuevas a Nicaragua Investiga, el objetivo del régimen, al otorgar las convivencias familiares, es el clientelismo político, porque antes de sacar a los reos comunes les dan charlas explicándoles las bondades del régimen.
«Son dádivas del gobierno para obtener votos, a las que les llaman perdón presidencial, lo que legalmente no existe», afirma Cuevas.
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Dictadura asienta populismo
Un jurista, que pidió a Nicaragua Investiga no ser identificado, indicó que, como es una dictadura, el régimen de Daniel Ortega y Murillo «continúa asentando su populismo» y, a falta de auditoría, «pueden estar incluyendo a cualquiera» como beneficiado de convivencia familiar, que no abarca a personas que cometen delitos graves como asesinatos, violaciones, robos con intimidación, robos con fuerza, entre otros.
El letrado lamentó que, en su afán de crear clientelismo político, el régimen no piensa en las víctimas y tampoco elabora con transparencia la lista de beneficiados. Además, daña el trabajo que realizan la Policía, la Fiscalía y las autoridades judiciales en la lucha contra la delincuencia.
La actuación del régimen también incide en el incremento de la actividad delictiva en el país, aunque no se conoce cuántos posibles autores son reincidentes o multi reincidentes.
Paz social en riesgo
En su alocución de este miércoles, Murillo habló de que los 500 reclusos beneficiados saldrán este próximo sábado y están capacitados «para no volver a cometer errores» y listos para incorporarse a la «productividad».
Sin embargo, Pablo Cuevas señala que se desconoce si los beneficios han cumplido con la normativa de la 745, que contempla etapas de reinserción con intervención psicológica para provocar cambios de conducta en los internos, así como oportunidades de integración al trabajo y otras actividades socio culturales o deportivas.
Además, la convivencia familiar es solo para personas que han cometido delitos menos graves, no para delitos graves y se desconoce si la dictadura está favoreciendo a personas que han cometido estos últimos tipos de delitos, incluidos narcotraficantes.
Con esas acciones, asevera Cuevas, la dictadura pone en riesgo la paz social y la seguridad de los ciudadanos, y contraviene la función principal del Estado, que es proteger a los ciudadanos honrados, tanto físicamente, como en su salud psíquica y emocional.
Por su parte, el jurista que pidió el anonimato dijo desconocer que, en los casos de convivencia familiar que ha otorgado la dictadura, se haya publicado una política criminal de Estado que con parámetros y evaluación de varías comisiones interinstitucionales emitan una resolución que el privado de libertad está apto para recibir beneficio.
El también experto en derecho penal indicó que dicho beneficio debe ser evaluado y monitoreado para que se pueda revertir en caso de incumplimiento o violación de normas.
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