Veinte congresistas norteamericanos, encabezados por James P. MacGovern, le enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que endurezca sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) en agosto pasado.
En la carta, con fecha del pasado viernes 13 de octubre, los congresistas le agradecen a Biden todo lo que ha hecho por los nicaragüenses hasta la fecha, incluyendo el trabajo para liberar a 222 prisioneros políticos en febrero pasado, pero, al mismo tiempo, creen que se necesitan acciones adicionales como respuesta al ataque a la UCA.
«Lo alentamos a que ejerza plenamente las sanciones existentes para imponer costos severos a las personas directamente responsables del cierre y confiscación de la UCA y otras universidades», expresa la misiva.
La carta expresa profunda preocupación por la confiscación de la UCA y sugiere que el gobierno estadounidense debe tomar acciones porque es una grave violación a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en Nicaragua.
Acciones a favor de exestudiantes y extrabajadores de la UCA
Los congresistas dijeron estar preocupados por los miles de estudiantes de la UCA a los que se les ha negado el derecho a la educación.
Como algunos de estos exestudiantes de la UCA han buscado continuar sus estudios en universidades de fuera de Nicaragua, en el escrito los congresistas recomiendan a Biden poner a la disposición recursos y asistencia técnica para ampliar rápidamente la capacidad de inscribir a estos estudiantes en las instituciones de educación superior en la región centroamericana.
Y, para aquellos estudiantes que tengan la oportunidad de continuar sus estudios en universidades de Estados Unidos, los congresistas piden que se les pueda extender visas lo más pronto posible.
Ante el encarcelamiento del obispo Álvarez, los parlamentarios estadounidenses también están preocupados por la seguridad de los sacerdotes jesuitas que fueron expulsados de su casa en agosto pasado, tras la confiscación de la UCA.
Además, la preocupación se extiende por la seguridad y el sustento de los profesores y personal administrativo que se quedaron sin sus liquidaciones y algunos tienen las cuentas bancarias congeladas y le piden a Biden que haga todo lo que esté a su alcance para darle seguimiento y se asegure el bienestar de estas personas.
Los representantes norteamericanos alientan también al Departamento de Estado a iniciar un integral análisis de la base legal del cierre y confiscación de la UCA, para que el gobierno de Biden esté preparado para cooperar y brindar apoyo técnico ante eventuales cuestionamientos de derechos humanos a las acciones arbitrarias de la dictadura de Ortega y Murillo.
Ataque contra la iglesia católica
Según le explicaron los congresistas a Biden, el ataque a la UCA es parte de una campaña del régimen de Ortega contra la iglesia católica nicaragüense que ha incluido el cierre de su organismo social Caritas, la prohibición de más de 1,000 procesiones de cuaresma y pascua, la expulsión de las monjas de la orden Madre Teresa de Calcuta, el arresto y condena de monseñor Rolando Álvarez a 26 años de cárcel por supuestas actividades antigubernamentales.
Además, aparte de la UCA, el régimen también confiscó otras universidades católicas, como la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua y le quitó la acreditación al Seminario La Purísima.
«La campaña contra la iglesia católica es parte de una devastadora represión contra la sociedad civil e instituciones sociales en respuesta a las protestas de 2018 y sus secuelas, explicaron.
Por último, animaron a Biden a coordinarse con el Vaticano en los más altos niveles diplomáticos para identificar y coordinar acciones adicionales en respuesta a este doble ataque contra la iglesia y la libertad académica en Nicaragua.
Represión por protestas en 2018
Los congresistas le explicaron a Biden que el 16 de agosto pasado Daniel Ortega convirtió a la UCA en una universidad estatal después de acusarla sin fundamento de que se había convertido en un centro de terrorismo y que sus administradores y educadores eran traidores a la patria y transgresores del orden constitucional.
Previamente les había confiscado las cuentas bancarias, edificios y muebles, además de una residencia donde estaban ocho jesuitas, así como también canceló la personería jurídica de la orden de los jesuitas, los dueños de la UCA.
Por último, los congresistas le mencionaron a Biden que los estudiantes de la UCA han sido acosados por la dictadura y algunos de ellos también arrestados y colocados en aislamiento en las cárceles del régimen, sumándose a otros 89 prisioneros políticos en poder de Ortega.
La UCA, fundada en 1960, había sido un centro de resistencia contra Ortega y su esposa Rosario Murillo, pues desde abril de 2018 sus estudiantes se habían unido a las protestas y la universidad abrió su campus para proteger a los manifestantes de policías y paramilitares armados con fusiles de guerra.
La solidaridad de la UCA con los manifestantes la llevó a ser blanco de hostilidades por parte de la dictadura.
Además de MacGovern, los otro congresistas firmantes de la carta son: Peter Welch, María Elvira Salazar, Bill Cassidy, Juan Vargas, Richard J. Durbin, Barbara Lee, Jeffrey A. Merkley, Stephen F. Lynch, Gerald E. Connolly, Jamie Raskin, Anna G. Eshoo, Greg Landsman, Marcy Kaptur, Eleanor Holmes Norton, William R. Keating, Jan Schakowsky y Earl Blumenauer.
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