Tras los hechos ocurridos en 2018 en Nicaragua, la Unión Europea mantiene una postura firme contra las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses contra la persecución y la represión de sus voces disidentes, emprendidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), se extienden desde entidades gubernamentales, pasando por funcionarios estatales y llegan a miembros de la familia de régimen de Nicaragua que pesan por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos, elecciones fraudulentas, socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho.
En octubre de 2019, la Unión Europea adoptó una serie de sanciones a contra el régimen Ortega-Murillo, y en vista de la grave situación que persistía en el país, aplicó sus primeras medidas restrictivas contra seis personas el 4 de mayo de 2020, con la advertencia de aplicar más sanciones, si la situación del país no mejoraba.
En la actualidad, el país centroamericano cumplió cinco años de crisis política y social, la situación no mejora y cada vez más, el país se hunde en un deterioro de derechos humanos y con su Estado de derecho hecho trizas.
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Invariable postura
El 9 de octubre reciente, el Consejo de la Unión Europea, reanudó por un año más las medidas restrictivas contra el régimen Ortega-Murillo, reafirmando su compromiso con los ciudadanos nicaragüenses y la búsqueda de una solución democrática a la crisis del país.
Al respecto, en entrevista para este reporte, el diputado europeo José Ramón Bauzá indicó que la postura en relación al régimen de Nicaragua se mantiene, además que considera más que necesario “seguir ejerciendo presión y no ceder ni un minuto”.
De momento, 23 funcionarios y 3 entidades del régimen han sido castigados por tener responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos. Dicho castigo, comprende congelamiento de activos, restricciones de viajar o transitar por los países que conforman la Unión Europea, así como prohibiciones a empresas que quieran establecer relaciones de negocios con los sancionados.
Bauzá apunta a que las sanciones deben endurecerse y extenderse hacia otras personas que también forman parte del aparato represivo. “Es tiempo de seguir mejorando, marcando e implementando las sanciones tanto en calidad como en cantidad, hay que hacer un listado, algunas personas son más visibles que otras…, que no falte ni una de las personas que están formando parte de la cadena de terror del régimen”, sentenció.
Jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, funcionarios de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, y funcionarios de otras entidades, así como allegados y testaferros, conforman la lista de sancionados señalados de ser parte de la estructura de persecución y represión en el país. Sin embargo, el parlamentario, considera necesario incluir en las medidas restrictivas a otras personas que se encuentran ejerciendo acciones represivas y no han sido identificadas.
“El mayor daño son las sanciones”
El régimen de Ortega-Murillo en sus reiterados discursos virulentos ha reclamado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Aunque entre sus voces hay funcionarios que dicen que en nada les afecta y hasta las han comparado “con medallas”, Daniel Ortega no desaprovecha la oportunidad para lamentarse por lo que él considera es “un castigo injusto”.
Las sanciones de los países europeos contra entidades gubernamentales y funcionarios del régimen de Nicaragua han sido impuestas de manera individual y no tienen afectación al pueblo nicaragüense, lo que desmiente a la pareja presidencial que a menudo, culpa a las sanciones de lo mal que anda el país.
“Lo que más les duele a los dictadores, lo que más les duele a los totalitarios, es precisamente las sanciones; sanciones individuales y son individuales, nunca contra el pueblo. Las sanciones son nominales, van con nombres y apellidos dirigidos a los que ejercen el terror, van dirigidas a dictadores, a sus familias y testaferros que mueven el dinero al exterior, y eso es lo que más le duele”, aseguró el parlamentario europeo.
En lista de sancionados por la Unión Europea figuran: la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. Asimismo, miembros de la Policía entre ellos: el comisionado Ramón Avellán, quien es señalado de cometer graves violaciones de derecho humanos contra los habitantes de Masaya; y el Primer comisionado, Francisco Diaz, Director General de la Policía entre otros jefes de la institución policial.
También en la lista se encuentra: Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien a finales del mes pasado fue sacada de las instalaciones, interrogada por la policía y recientemente reemplazada en su cargo en el poder judicial, una acción que para los expertos es “un golpe de Estado de Ortega” que no respetó la independencia de ese poder del Estado. “Las sanciones dañan a la dictadura, es un hecho”, reitera Bauzá.
“El parlamento europeo sigue de cerca situación de Nicaragua”
El diputado Bauzá habló de la cercanía del parlamento europeo con la situación de Nicaragua. Condenó por ejemplo, el destierro de 12 sacerdotes nicaragüenses que habían sido criminalizados por la dictadura y fueron enviados a Italia, tras ser excarcelados el 18 de octubre pasado.
En la lista de excarcelados, no figuró el nombre del Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un crítico al régimen condenado a 26 años de cárcel y quien fue nominado al premio Sarajov, propuesto por Europa, resaltó Bauzá. El religioso fue uno de los finalistas para el reconocimiento. “El obispo Álvarez es la persona más legitimada para hacer oposición al régimen. Es más que un Obispo, es quien encabeza, lidera y encarna a la iglesia (católica)”, destacó el eurodiputado.
Monseñor Rolando Álvarez se encuentra encarcelado desde agosto de 2022 por sus duras críticas al régimen. El 9 de febrero de este año, se negó al destierro y en venganza, el régimen lo condenó en un juicio exprés y a puertas cerradas. La ceremonia oficial de entrega del premio Sarajov en la que, además fue finalista la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, se realizará en diciembre en Francia. De acuerdo al eurodiputado, el premio Sarajov al cual fue nominado Álvarez, puede ser recibido por algún familiar o alguien que lo represente.
“Sanciones no le darán tregua al régimen”
Los abusos de Ortega-Murillo, ha ocasionado a lo largo de cinco años de crisis en el país no solo la reacción de la Unión Europea sino de Estados Unidos, Canadá y recientemente Suiza, que renovó el 24 de octubre las sanciones a 21 funcionarios de Nicaragua.
En este sentido, el parlamentario descartó algún tipo flexibilidad de las medidas restrictivas aplicadas al régimen que gobierna Nicaragua con la fuerza de las armas. “Hoy por hoy, no nos planteamos alguna flexibilización porque consideramos que no se dan ninguna de las circunstancias que lo permitan”, explica.
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Además, insistió que aunque el llamado al diálogo ha sido una constante en las resoluciones del parlamento europeo, no se debe olvidar lo que hizo el régimen con todos los miembros de la mesa de negociación del 2019. “Lo que han hecho es no generar confianza para la solución de la crisis política y social que atraviesa el país”, lamentó.
“La última vez que el régimen de Ortega habló de diálogo y entendimiento, creyeron benevolentemente, generosamente, humildemente y democráticamente que se podía dialogar, en el momento que eso pasó, lo que hizo Ortega fue todo lo contrario a lo que prometió; y aquellos que estaban al otro lado dialogando e intentando negociar, fueron a prisión”, recordó.
“Por lo tanto –agregó– con esos hechos del año 2019 y las últimas elecciones, ¿Qué confianza vamos a tener en un dictador que intenta negociar simplemente para ganar tiempo? Y cuando se produce las elecciones, a aquellos que estaban del otro lado de la mesa, directamente los encarcela, los tortura y algunos mueren en prisión”, criticó.
En el 2019, la sede del Incae, un instituto de negocios que a finales de septiembre fue confiscado, acogió una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida democrática al país. Ortega ordenó que los miembros de la oposición que participaron en los encuentros, fueran encarcelados a medida que se acercaban las elecciones generales de 2021, en las que se ciñó la banda presidencial por cuarta vez consecutiva ante el rechazo del país entero y más de 30 naciones que todavía lo consideran ilegítimo.
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