El Congreso nicaragüense aprobó este martes el nombramiento de los magistrados para el Consejo Supremo Electoral (CSE), con una mayoría afín al partido de gobierno, que organizará los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega podría buscar una nueva reelección.
El tribunal está compuesto por siete miembros. Seis de los magistrados titulares electos fueron propuestos por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda). El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, informó el presidente del legislativo, el oficialista Gustavo Porras.
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En tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por la derecha liberal.
Los nombramientos, que tienen una vigencia de cinco años, contaron con más de los 56 votos -mayoría calificada- que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 escaños.
Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, considerados por la oposición como leales al gobierno.
«La familia [gobernante] Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense», denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.
El presidente Ortega es un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la revolución de los años 1980, retornó al poder en 2007 y fue reelegido en dos oportunidades sucesivas, tras lograr la aprobación de una reforma constitucional. En la última elección, nominó como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
El sistema electoral nicaragüense es cuestionado por la oposición y a nivel internacional.
A juicio de Unamos, «los Ortega Murillo han desperdiciado una oportunidad de hacer confiable el sistema electoral nicaragüense, que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición (..) son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país para lograr elecciones limpias».
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La comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su CSE con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.
«El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad», consideró el lunes la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, en su cuenta de Twitter.
Nicaragua celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales, en los que la oposición aspira conformar un bloque unido para enfrentar al FSLN. El partido gobernante no descarta postular a Ortega para un cuarto mandato sucesivo.
Nicaragua Investiga
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