El Ministerio Público orientó este 10 de junio la ampliación del plazo de investigación de 48 horas a 90 días para los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, ambos capturados el pasado 8 de junio en diferentes horarios, por la Policía Nacional bajo el supuesto delito de «atentar contra la sociedad nicaragüense» por lo dispuesto en la llamada «Ley de Soberanía» que castiga a quienes «soliciten o aplaudan sanciones internacionales».
El comunicado de Fiscalía asegura que necesita más tiempo para investigar supuestas actividades ilícitas de Félix Maradiaga «a través de la Fundación Libertad o para la Libertad y por encontrar fuertes indicios que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo».
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«La solicitud fue admitida por el judicial en la audiencia especial y dictó la detención judicial por 90 días», dice el comunicado.
Misma solicitud para Juan Sebastián Chamorro
La misma solicitud se hizo sobre Juan Sebastián Chamorro, que según la Fiscalía necesitará 90 días de detención para investigar más a fondo «la supuesta comisión de actos ilícitos a través de FUNIDES y por encontrar fuertes indicios que ha atentado contra la sociedad nicaragüense».
Félix Maradiaga fue capturado el 8 de junio luego de haber salido de un interrogatorio de más de tres horas en la Fiscalía General de la República. Su abogado Roger Reyes, quien viajaba con él al momento de la detención, denunció que este fue golpeado y tratado de forma agresiva por los agentes que ejecutaron la orden de captura.
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Mientras Juan Sebastián Chamorro fue apresado esa misma noche, solo horas antes que se concretar una citatoria de la Fiscalía que lo llamaba a comparecer al día siguiente a primera hora del día. Cuando los agente allanaron la vivienda, se arrodilló para evitar que policías lo golpearan a él y su esposa, según relató su hermana Ana María Chamorro.
Al estar tres meses bajo investigación, le será imposible a los precandidatos inscribirse el 28 de julio ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), para participar en los comicios del 7 de noviembre. En ese sentido, analistas políticos señalan que el gobierno sandinista está utilizando las recientes leyes aprobadas por el oficialismo para inhibir a los aspirantes mediante supuestas investigaciones.
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