El Ministerio Público ha presentado oficialmente una solicitud de apertura de proceso en contra de los opositores José Pallais, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Orozco, por supuestamente «ser autores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». Sin embargo, algunas de las pruebas presentadas por la Fiscalía resultan peculiares.
En la acusación suscrita por la Fiscal Auxiliar de Managua, Heydi Ramírez, los opositores son señalados de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal nicaragüense, alegándose que durante los años 2019-2021 los investigados gestionaron «sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en contra del Estado de Nicaragua, e incitaron a la injerencia extranjera para desacreditar al Gobierno».
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A pesar de que el proceso de investigación en contra de los opositores cumple casi tres meses, tiempo durante el cual a los siete se les ha retenido bajo detención judicial, la mayoría de hechos y pruebas presentadas por la Fiscalía se trata de entrevistas que los opositores realizaron en los últimos años.
Las «pruebas» obtenidas
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran las entrevistas disponibles en Youtube o en la web, que los opositores han brindado a los diferentes medios de comunicación críticos al Gobierno durante los últimos años; así como mensajes y videos que estos mismos han publicado en sus redes sociales personales. «Pruebas» a las cuales las autoridades tenían acceso sin necesidad de solicitar sus detenciones.
En los dispositivos electrónicos que les fueron ocupados, se indica que se encontraron algunos audios sobre sus visitas a Estados Unidos y reuniones con funcionarios norteamericanos. De igual forma, destacan que los investigados formaban parte de grupos de WhatsApp junto a otros opositores, en los cuales supuestamente se organizaban para solicitar sanciones económicas. De igual forma, se solicitó el registro de movimientos migratorios de los opositores desde varios años atrás.
Pero los hallazgos incluidos por la Fiscalía no solo se centran en artículos electrónicos, también hay una gran cantidad de discos compactos musicales y familiares que fueron ocupados, así como casetes, dinero en efectivo, bauchers de cervezas, libros, revistas, una cartulina con el mensaje «libertad para Manuel de Jesús Chavez», entre otros.
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Asimismo, se detallan algunos artículos que llaman la atención debido a su nulo aporte al proceso. En el caso de Pallais, al jurista le fueron ocupados tres mouse para computadora; a Maradiaga, le ocuparon dos pañuelos color gris durante su arresto; y en el caso de Dávila, le fueron tomados un puntero láser USB con tres baterías, una tarjeta de PriceSmart, su tarjeta de Club Cinemas y un megáfono marca Radio Shack.
En la lista de pruebas ocupadas se incluyen discos CD-R Maxell con información de las publicaciones que han hecho «los acusados en redes abiertas de medios de comunicación y diferentes redes sociales». En los recibos de ocupación, se muestra que las autoridades centraron la investigación básicamente en el monitoreo de sitios web, redes sociales y plataformas digitales que supuestamente vinculan a los opositores a sus acusaciones.
Sin orden allanamiento
Otro aspecto curioso del proceso, ha sido la ausencia de previa solicitud judicial de parte de la Policía Nacional para llevar a cabo los allanamientos en las viviendas de los investigados, a excepción de Cruz, el cual fue el único caso en que se presentó orden con antelación. En el resto de casos, la Policía presentó una solicitud de convalidación de allanamiento hasta un día después de que estos fuesen ejecutados.
Según el Código Procesal Penal de Nicaragua, los únicos casos en que puede procederse al allanamiento sin previa orden judicial es cuando los que habitan en la casa manifiestan que ahí se está cometiendo un delito o que de ella se pida auxilio; por incendio, inundación u otra causa semejante, que amenace la vida de los habitantes o de la propiedad; cuando se denuncia que personas extrañas han sido vistas en la morada o introduciéndose en ella, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito; en caso de persecución actual e inmediata de un delincuente; o bien, para rescatar a una persona que sufre secuestro.
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Sin embargo, en la convalidación no se especifica a cuál excepción de la Constitución recurrieron para haber ejecutado los allanamientos, violentando así un derecho constitucional de los investigados. Además, la situación se agrava al haber sido admitidos allanamientos que no cumplen los estándares constitucionales por el mismo poder Judicial.
Pero esto resulta poco novedoso para un proceso que ha acumulado diversas arbitraridades desde su inicio, según lo han denunciado diversos expertos constitucionalistas. Un proceso que, a pesar de llevar más de 80 días, continúa quedando a la espera de la conclusión de un informe de redes sociales y del análisis financiero y patrimonial, y de un análisis de la información documental e información bancaria.
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