¿Cabe la legalidad en los traslados de presos políticos a La Modelo y La Esperanza?

Abogados indican que las celdas policiales han sido usadas por el régimen para mantener a los opositores encerrados de manera prolongada e ilegal.

En los últimos días se ha conocido el traslado de presos políticos hacia el Centro Penitenciario Integral de Mujeres «La Esperanza» y al Sistema Penitenciario «Jorge Navarro», conocido como cárcel «La Modelo», ubicados en Tipitapa.

Entre los trasladados están el economista Harry López, de 64 años, extrabajador del desaparecido Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade); la activista Samantha Jirón, de 21 años; y la defensora de derechos humanos Eveling Pinto, de 62 años de edad.

Pinto fue detenida en su casa de habitación en Managua el 6 de noviembre y señalada, bajo la Ley de Ciberdelitos, de propagar noticias falsas. Jirón fue detenida el 9 de noviembre en las inmediaciones de un hotel capitalino, y el régimen de Daniel Ortega la acusa de menoscabo a la integridad nacional y de violar la Ley de Ciberdelitos, delitos que también le achaca a Harry López, quien fue detenido el 6 de noviembre.

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Delegaciones policiales son transitorias

Nicaragua Investiga consultó a abogados y defensores de derechos humanos sobre estos traslados hacia La Esperanza y La Modelo, y enfatizan en que si bien la detención de opositores es completamente ilegal, no pueden estar detenidos de manera prolongada en celdas policiales.

«Las delegaciones policiales son espacios preventivos y transitorios que no están diseñados para larga permanencia. No obstante, en los sistemas penitenciarios existe la logística, programas y espacios más adecuados para un privado de libertad», expresa Yader Morazán, Especialista en Administración de Justicia.

Morazán señala que las delegaciones policiales » son espacios de investigación y por consiguiente interrogatorios». En este sentido, subraya que la medida hasta puede resultar beneficiosa «para quienes están bajo un régimen de privación de libertad “prolongado” y sin definirse a través de los tiempos de duración de los procesos que están ilegalmente suspendidos».

 

Unidades policiales como centros de tortura y tratos crueles

En ello coincide el también abogado Gonzalo Carrión, coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, para quien estos traslados «es lo que corresponde», aunque ello no signifique que la detención y el proceso contra los detenidos deje de ser ilegal e inconstitucional.

Carrión indica que la normativa indica que cuando una vez que se dictó prisión preventiva se traslada al prisionero a los sistemas penitenciarios, pero estos deben estar separados de los ya condenados.

«Las unidades policiales no son para mantener de manera prolongada e indefinida a ninguna persona privada de libertad. Las unidades policiales no son para eso, porque no son sistemas penitenciarios», enfatiza.

Refiere que los sistemas penitenciarios incluso tienen regularizadas las visitas de los familiares, «lo cual ha sido negado en general por parte de las unidades policiales».

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El experto indica que en los centros de detención de la Policía la detención, además de prolongada y arbitraria, se ve agravada a que los presos están siendo sometidos a «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluido aislamiento absoluto o casi absoluto», y cita los casos de las opositoras Tamara Dávila, Dora María Téllez, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, que tienen meses aisladas en la cárcel El Chipote.

Carrión insiste en que la prisión misma es un acto ilegal, dado que los opositores están siendo sometidos a una criminalización, persecución y trato brutal, bajo un esquema estatal nada tiene que ver con la aplicación de la ley, al estar actuando bajo una absoluta subordinación al Ejecutivo.

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