¿Qué opciones quedarán para denunciar abusos a los derechos humanos en Nicaragua?

Defensores de derechos humanos explican cómo siguen documentando los abusos que ocurren en Nicaragua, pese a las dificultades que hay para ejercer su labor.

Desde las protestas antigubernamentales del 2018 decenas de defensores de derechos humanos de Nicaragua han tomado medidas para seguir documentando la crisis en el país centroamericano.

Gran parte de estos se han exiliado para poder seguir ejerciendo su labor libremente y no exponerse a terminar en la cárcel, ya que el oficialismo los señala pública, y hasta judicialmente, de propagar «noticias falsas», de haber apoyado un supuesto intento de golpe de Estado contra Daniel Ortega y hasta los tacha de “terroristas” y “agentes extranjeros”.

Estar fuera de Nicaragua no les ha impedido seguir documentando violaciones a los derechos humanos, ya que según ellos mismos indican su labor depende de las víctimas o los familiares de estas, que al fin y al cabo son las que hacen las denuncias.

Esto es fundamental más ahora que con la cancelación de la personería jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), mejor dicho ya no quedan organizaciones de este tipo legalmente constituidas.

Denuncias presenciales y a distancia

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recuerda que el levantamiento popular del 2018 fue una expresión de hartazgo de la gente ante los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos que había entonces. “Cuatro años después los abusos de poder se han multiplicado y lo que tenemos es un estado de terror que pretende silenciar totalmente a nuestro pueblo”, refiere.

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Carrión asegura que aunque el régimen quiere que la gente no reclame, la población continúa denunciando. En el caso del colectivo del que es miembro, los abusos los vienen documentando de dos formas: de manera presencial, con las personas que se han visto obligadas a exiliarse, y de manera virtual, con aquellas que siguen en Nicaragua. “Muchas de las víctimas piden confidencialidad, protección de su identidad, por obvias razones”, señala.

Carrión expresa que la situación es muy difícil ya que en Nicaragua lo que hay es una “dictadura dinástica militar y sangrienta”. “Pero la gente no calla, no calla a pesar de que la dictadura quiere una sociedad silenciada”, afirma.

Carrión fue miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización a la que en diciembre del 2018 le fue cancelada su personería jurídica. Junto a un grupo de exmiembros de esa organización tuvieron que exiliarse en Costa Rica luego que el régimen los acusó de mentir sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales.

Denunciar masacres de indígenas le acarreó una acusación legal

Un caso similar es el de Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos y director de la organización ambientalista Fundación del Río. Aunque se encuentra en el exilio desde el 2018, su labor de denuncia le acarreó que en septiembre del 2021 el régimen Ortega lo acusara formalmente bajo la Ley de Ciberdelito por “propagación de noticias falsas”, debido a sus denuncias de masacres en comunidades indígenas.

Ruiz considera que su labor de defensoría desde el exilio es una “forma de resistencia activa” ante los abusos que se cometen en Nicaragua.

“Los y las defensoras de derechos humanos nos hemos exiliado para continuar nuestra labor sin ponernos en mayor riesgo por hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, en mi caso, por denunciar o seguir denunciando la situación en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe recibí una acusación por ciberdelito”, indica.

“El trabajo se hace gracias a la gente. Eso hay que decirlo. Hoy por hoy ningún defensor de derechos humanos, ninguna organización puede hacer su trabajo si no es a través de las comunidades, de los pueblos y de la gente”, asegura.

“La gente, los propios pobladores, las propias víctimas siguen confiando en los defensores de derechos humanos aunque estemos en el exilio”, expresa.

Ruiz dice que al recibir las denuncias, ellos empiezan a recopilar información de cada uno de los casos.

“Hacemos llamadas, confirmamos fuentes, hacemos llamadas a liderazgos indígenas, liderazgos afrodescendientes, estructuras organizadas de los gobiernos comunales, de los gobiernos territoriales, de los guardabosques comunitarios para tener una información más certera, porque siempre inicia como un rumor, una denuncia, pero para nosotros es importante que se documente el caso”, explica.

Graves denuncias de trabajadora judicial que se exilió por temor

El activista refiere que también toman en cuenta las fuentes oficiales, es decir, lo que informa la Policía o el Ejército de Nicaragua, es decir, “si se pronuncian o no se pronuncian”, el “móvil que describe” y “si coincide con el testimonio de las víctimas, de los familiares, de los comunitarios o de los líderes”.

En el caso de los monitoreos ambientales, asegura que eso se hace a través de imágenes satelitales, viendo los “puntos de calor” detectados en las reservas para conocer el avance de las invasiones de tierras indígenas.

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