La organización Urnas Abiertas presentó este miércoles un primer informe titulado “Nicaragua: entre el fraude y el terror – Una breve relatoría de cómo opera el terror en Nicaragua”. En el informe se destacan 11 nuevas formas de violencia política y de terror que ejerce la dictadura de Daniel Ortega en los meses previo a las elecciones municipales de noviembre del 2022.
«Las nuevas manifestaciones de violencia política documentadas por Urnas Abiertas son: represión migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra grandes, medianas y pequeñas empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, persecución al sector cultural y a la Iglesia Católica, eliminación de la autonomía universitaria, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, y migración forzada», detalla el informe.
En la presentación varios panelistas hablaron sobre la grave situación que se vive en Nicaragua.
Paulo Abrão, experto en derechos humanos y quien fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos (CIDH) durante los períodos más duros de la represión en Nicaragua, destacó los crímenes cometidos por la dictadura.
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“Se ha constatado situación de crímenes de lesa humanidad. Hay una profunda crisis sociopolítica en el país. A pesar de las evidencias, existe impunidad completa y estructural. Un problema enraizado en el sistema de justicia”, afirmó.
Abrão dijo que esa situación profundiza un modelo de desconfianza hacia las autoridades de parte de los ciudadanos, quienes al final no tienen a quien recurrir para proteger sus derechos.
“El pueblo de Nicaragua no tiene acceso a poder acudir a la justicia. Es un estado policial, dictatorial sin independencia judicial. Hay que buscar una institución de justicia internacional porque no hay en el país. Es un sistema totalmente controlado por grupos criminales. Eso intimida a la gente para poder regresar”, comentó el experto.
Crisis migratoria, una de las más fuertes consecuencias de la represión
En tanto, Cindy Regidor, otra de las panelistas, comentó que la crisis migratoria ha movilizado a más de 100 mil personas en los últimos meses de este 2022, una cantidad más o menos proporcional a la población de la ciudad de Granada.
“En Costa Rica se mantiene la llegada de personas solicitantes de refugio debido a persecución política o por asuntos económicos difíciles. Más de 32 mil personas solicitaron refugio en Costa Rica de enero a mayo de 2022. De 2016 a mayo de 2022, se realizaron 185,576 solicitudes de refugio, de las cuales el 91% eran de nicaragüenses”.
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Regidor explicó que en la investigación realizada por ella y un equipo de colegas se conoció que existen otras 45 mil solicitudes que se han realizado vía centro de llamadas y que aún no han sido formalizadas, con ello la cifra pasaría a más de 200 mil. De las solicitudes de refugio, solo 10 mil fueron aprobadas y 8,800 han sido denegadas.
“La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en tan solo el mes de mayo reportó la detención de unos 19 mil nicaragüenses. Unos 72 mil en lo que va del año. Se estima que unas 400 mil personas han salido de Nicaragua entre 2020 y 2022. Nicaragua está perdiendo más gente de la que nace (1.2% según el Banco Mundial, equivalente a unos 78 mil nacimientos por año)”.
Presos políticos con problemas de salud
En cuanto al tema de los presos políticos y las situaciones de tortura y violación a sus derechos, Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que actualmente se contabilizan 190 presos políticos a los que no se les permite ni tomar el sol, situación que les está generando enfermedades.
“Contabilizamos 190 presos políticos, 10 de ellos antes de 2018 y al menos 18 son mujeres. Una parte de ellos está en El Chipote. En el caso de los detenidos a partir de mayo de 2021 en Auxilio Judicial, se les impide salir a tomar sol, pierden vitamina E, lo que afecta su salud, además del impacto emocional y psicológico porque no les permiten contacto familiar”.
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Flores dijo que uno de los presos políticos falleció (refiriéndose a Hugo Torres) por falta de atención médica y alimentos. Los familiares dicen que los encuentran irreconocibles por la pérdida de peso.
“Los que están en el sistema penitenciario de Tipitapa, se les limita al patio del sol y las vistas familiares. Los familiares, incluidos menores de edad, han comentado que sufren agresiones sexuales cuando los tocan para ingresar. A causa del estrés y las golpizas, algunos presos políticos están sufriendo de parálisis facial”.
Cierre de onegés impacta en la población nicaragüense
Tras tocar el tema de la cancelación de las personalidades jurídicas de las oenegés, Wendy Flores dijo que eso impacta por la diversidad de organizaciones cerradas donde la gente podía acudir a servirse.
“El cierre de espacios de organizaciones de mujeres impacta en el aumento de violencia y disminuye las denuncias por falta de protección. Nicaragua es el único país de Centro América que no tiene organismos defensores de Derechos Humanos. Hay una política de represión contra las organizaciones a través del Ministerio de Gobernación”.
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Violación al estado de derecho se debe a la apropiación de un grupo político
Para Paulo Abrão la violación al estado de derecho y la corrupción del mismo, se debe por apropiación de un grupo político que obliga a la persistencia de terrorismo de estado en el que se deniega la justicia a su pueblo y que no da señales de dirigirse hacia la reconciliación nacional, pues contrario a ello ofrece terrorismo de estado.
“Nosotros categóricamente afirmamos que se ha consolidado un estado de excepción policial que intimida a la sociedad. Un país en donde están prohibidas las protestas sociales, se cierran organizaciones y medios de comunicación independientes y en donde no hay independencia de poderes. Una dictadura necesita cerrar espacios democráticos y sociales porque depende del miedo para subsistir”, explicó el experto en derechos humanos.
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