La vida de Sergio Mena se desmoronó en cuestión de horas.
Tras años de resistencia contra el presidente Daniel Ortega, el activista rural huyó de Nicaragua en 2018, uniéndose a miles de manifestantes que escapaban de una represión prolongada contra la disidencia.
Mena regresó del exilio en la vecina Costa Rica en 2021 para seguir protestando, solo para ser arrojado a una prisión donde, según dijo, los carceleros colgaron a los prisioneros de los pies y les aplicaron descargas eléctricas.
“Nos torturaban todo el tiempo, física y psicológicamente, desde el momento en que llegamos hasta el último día,” dijo Mena, de 40 años.
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Ahora en el exilio en Guatemala, Mena puede estar fuera de la prisión, pero está lejos de ser libre. Al ser liberados, él y cientos de líderes religiosos, estudiantes, activistas, disidentes y periodistas fueron declarados “apátridas”, despojados de su ciudadanía, sus hogares y sus pensiones gubernamentales.
Las Naciones Unidas señalan que forman parte de los 4,4 millones de personas apátridas en el mundo que enfrentan dificultades para encontrar empleo, educación, atención médica, abrir cuentas bancarias o incluso casarse, sin documentos de identidad válidos.
“La apatridia es tortura,” dijo Karina Ambartsoumian-Clough, directora ejecutiva de United Stateless, una organización con sede en Estados Unidos que aboga por los apátridas. “Simplemente dejas de existir legalmente, aunque estés aquí físicamente como ser humano.”
Libres, pero no del todo
En septiembre, el gobierno de Ortega subió a Mena y a otros 134 prisioneros a un vuelo que los llevó a Guatemala. Se unieron a otros 317, considerados adversarios por el gobierno, a quienes ya no se les reconocen identidades legales nicaragüenses.
Associated Press entrevistó a más de 24 exiliados nicaragüenses a quienes les fue retirada su ciudadanía y que están tratando de encontrar un camino a seguir. Están dispersos por Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, México y España, viviendo en un limbo mientras intentan recuperarse de traumas físicos y psicológicos, prolongando la tortura que muchos padecieron en Nicaragua.
El gobierno de Ortega no respondió a la solicitud de comentarios por parte de AP.
La agonía de la apatridia
La mayoría de las personas apátridas en el mundo nacen de refugiados y migrantes en países que no ofrecen ciudadanía por nacimiento, es decir, el derecho a convertirse en ciudadano al nacer en el territorio de un país.
Muchos nicaragüenses luchan por conseguir suficiente dinero para alimentarse. Otros se esconden por temor a que el gobierno nicaragüense los persiga algún día. Muchos más lidian con ver cómo sus vidas se desmoronan. Para quienes están varados en los Estados Unidos o buscan refugio allí, las promesas del presidente electo Donald Trump de endurecer la inmigración y el asilo añaden más incertidumbre.
Represión intensificada
El gobierno de Ortega comenzó a despojar a las personas de su ciudadanía a principios del año pasado.
Fue durante esa represión que Mena, miembro de un movimiento de activismo rural, afirmó que fue encarcelado. El gobierno lo acusó de participar en el narcotráfico y el crimen organizado, cargos que él niega.
En febrero de 2023, el gobierno violó las leyes internacionales al comenzar a enviar prisioneros a los Estados Unidos y, más recientemente, a Guatemala. Otros exiliados fueron despojados de su ciudadanía sin haber estado nunca en prisión.
Un tormento sin fronteras
El gobierno nicaragüense no ha explicado por qué liberó a Mena y a otras personas de prisión, aunque expertos han especulado que fue para esquivar críticas internacionales y reducir costos, manteniendo al mismo tiempo el control sobre sus enemigos.
Mena vive en un hotel en Ciudad de Guatemala, donde revisa fotos de una cárcel en ruinas, restos de comida y su cuerpo magullado y golpeado; recuerdos imborrables de más de dos años en prisión. Su vida está marcada por un miedo constante.
“Los tentáculos del (gobierno nicaragüense) todavía llegan hasta aquí,” dijo con lágrimas en los ojos.
La administración de Biden ha ofrecido a los nicaragüenses protecciones temporales, y Mena espera que el gobierno de Estados Unidos le otorgue asilo, aunque estas protecciones probablemente desaparecerán o se restringirán severamente bajo Trump.
El gobierno español ha ofrecido proporcionar la nacionalidad a algunos de los exiliados apátridas, pero pocos cuentan con los recursos necesarios para construir una nueva vida en España o están confundidos sobre el proceso.
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La lucha de los apátridas
Allan Bermúdez, de 54 años, era profesor universitario en Nicaragua. Fue encarcelado tras ser acusado de conspirar contra el gobierno, ya que Ortega identificó a las universidades como focos de protestas antigubernamentales.
En febrero de 2023, fue uno de los 222 prisioneros subidos a un vuelo hacia Estados Unidos sin saber a dónde los llevaban. Aunque el gobierno estadounidense brindó a Bermúdez y otros apoyo temporal —unos días en un hotel, un teléfono nuevo, $400 y acceso limitado a ayuda de un grupo de ONG—, la ayuda se agotó rápidamente.
Hoy en día, Bermúdez, quien posee múltiples títulos avanzados, trabaja en un Dunkin’ Donuts en los alrededores de Salisbury, Maryland, luchando por conseguir más horas laborales.
Alquila una pequeña habitación, sufre problemas cardíacos crónicos y trastorno de estrés postraumático, y no tiene acceso a atención médica.
“No he comprado mi medicina porque, si lo hago, no tendré nada para comer,” dijo.
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Vidas trastornadas
En Nicaragua, la madre de Bermúdez sufrió un derrame cerebral este año. Ha luchado por enviarle dinero. Con su hija y esposa también en Nicaragua, vive atormentado por la ansiedad y la depresión.
Solicitó asilo en febrero, tras vivir en Estados Unidos bajo un permiso humanitario otorgado por la administración de Biden, pero dice que no ha recibido respuesta. Ha puesto todas sus esperanzas en construir una vida en Estados Unidos y no sabe qué hará si no le conceden el asilo.
“No puedo irme, tengo las manos atadas,” dijo. “Lo único que puedo hacer es rezar para que Dios me ayude.”
Vidas desarraigadas
Como Bermúdez, cientos de miles han huido de Nicaragua. Miles de organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas, y sus activos confiscados, mientras el gobierno busca silenciar cualquier disidencia.
Aunque muchos de los exiliados nicaragüenses esperan algún día regresar a su país, Moisés Hassan, de 82 años, ha perdido la esperanza mientras se esconde en un pueblo en las montañas de Costa Rica.
Hassan fue una vez guerrillero contra la dictadura de Anastasio Somoza y luego, junto a Ortega, miembro de la junta que lo sucedió. Formó una familia y un hogar con miles de libros, y planeaba pasar el resto de sus días allí.
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Fue elegido alcalde de la capital, Managua, pero su vida y sus esperanzas se deterioraron cuando empezó a criticar los movimientos antidemocráticos de Ortega. Huyó del país en 2021. Durante un viaje para visitar a su hija, supo que el gobierno estaba deteniendo a críticos y comprendió que irían por él.
No fue sorpresa cuando su nombre apareció en una lista de personas despojadas de su ciudadanía y propiedades, y declaradas traidoras.
“El mensaje es… ‘No creas que solo porque estás fuera del país estás fuera de nuestro alcance,’” dijo.
Sin embargo, señaló que, con su pensión confiscada junto con sus pertenencias, ha sido un shock depender del dinero de sus hijos.
Él y su esposa permanecen en su rincón de Costa Rica, demasiado asustados incluso para ir a la capital, donde temen que los agentes de Ortega puedan localizarlos.
“Siento que estoy bajo arresto domiciliario,” dijo mientras sostenía su desgastado y ahora inútil pasaporte nicaragüense. “Soy un prisionero en mi propio hogar».
Voz de América
