Once organizaciones opositoras nicaragüenses emitieron el pasado viernes un comunicado conjunto en el que califican la reforma parcial a la Constitución, aprobada el 1 de septiembre y publicada al día siguiente, como una ruptura adicional del orden constitucional. El texto está dirigido a la población del país, a los Estados miembros de la OEA, a las Naciones Unidas y a organismos de derechos humanos.
Las agrupaciones sostienen que el trámite legislativo no constituyó un acto jurídico válido ni un ejercicio legítimo de la potestad de reforma. Afirman que la Asamblea Nacional, sin independencia real, aprobó el texto de forma reservada, con rapidez, por unanimidad y sin un escrutinio ciudadano efectivo.
Según el pronunciamiento, la reforma consolida la concentración del poder y formaliza la exclusión de sectores opositores. Los firmantes la describen como una maniobra destinada a sepultar el principio de soberanía popular e institucionalizar prácticas represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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También cuestionaron la consulta ciudadana. Indicaron que esta se limitó a operadores del oficialismo, familiares, mandos del Ejército y de la Policía Nacional, además de estructuras partidarias, lo que vació de contenido democrático el procedimiento.
Uno de los puntos más criticados es la creación o validación de la figura de la “copresidencia”, que las organizaciones consideran carente de respaldo popular y orientada a convalidar mandatos que estiman caducos. La reforma extiende simultáneamente a siete años los períodos de la copresidencia, las diputaciones, las alcaldías, las magistraturas estatales y los mandos militares.
Para los grupos opositores, esa arquitectura elimina los contrapesos entre poderes y consolida un modelo totalitario y dinástico. Además, restringe el derecho a elegir y ser elegido y agrava la persecución política contra la oposición organizada. Vinculan estos cambios con elecciones que la OEA y la comunidad internacional han considerado fraudulentas.
Las once agrupaciones llamaron a gobiernos y organismos multilaterales a desconocer la reforma, declarar su ineficacia jurídica y mantener la solidaridad con los nicaragüenses. Reclamaron la restitución de la democracia, el Estado de derecho, las libertades públicas, los derechos humanos y el derecho a elegir y ser elegido.
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El documento lleva las firmas de Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza, Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Unidad Nacional.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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