Al menos ocho empresas privadas han sido llamadas a testificar en el caso que abrió el Ministerio Público en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su exdirectora Cristiana Chamorro y dos de los exfuncionarios administrativos; Walter Gómez y Marcos Fletes.
El Ministerio Público informó a través del comunicado 03-2021 emitido el pasado 28 de mayo que habían llegado a declarar Argentina del Socorro Olivas Cano y Carlos Werner Schutze Castrillo, representante legal de Aeromundo «en calidad de testigos».
El 1 de junio también se entrevistó a María Helena Hernández Palacios por parte de Crea Comunicaciones, una de las más grandes agencias de publicidad del país y a Olimpia María Rodríguez Rodríguez de Viajes América, mientras el 2 de junio se citó a María Jesús Rivera Toruño en representación de Desarrollos Hoteleros de Nicaragua S.A .
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Ese mismo día también compareció Ivania del Socorro Toruño Padilla, rectora y representante legal de la Universidad de Ciencias Comerciales UCC, además de Langie del Socorro Moreira Bendaña, en representación de SEVASA, Ernesto Ramón Varela Torres, en representación de COMTECH y la señora Carolina de los Ángeles Sánchez Madriz, en representación de SUMIN, proveedores de suministros de informática.
Con esto queda claro que las investigaciones en el caso de Fundación Violeta Barrios de Chamorro no solo alcanzan a medios de comunicación, sino también a empresas privadas.
Cosep poco activo
Sin embargo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) no ha sido tan enérgico con su respuesta ante estos acontecimientos, y se limitó a emitir un comunicado de prensa en el que asegura que la orden de captura contra Chamorro representa «una clara violación a sus derechos políticos» por cuanto no hay una sentencia firme en su contra que permita a un juez determinar su inhabilitación.
También denunció que el sistema judicial nicaragüense se está utilizando «con objetivos políticos en beneficio del partido de gobierno», pero no se ha referido a las empresas que han sido citadas ni ha manifestado su respaldo público ante las investigaciones en delitos graves como «lavado de dinero».
El Cosep, que tuvo un papel más beligerante durante el primer diálogo nacional, fue acusado por Daniel Ortega de haber apoyado junto a la iglesia católica «un golpe de estado» contra su gobierno. Ambos actores sociales se encuentran ahora en bajo perfil siendo menos mediáticos y contundentes en sus declaraciones.
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Madelaine Caracas, activista y estudiante que tuvo a su cargo la lectura de los nombres de las víctimas de abril durante el primer diálogo nacional publicó en su cuenta de Twitter que el sector privado debería promover un paro nacional ante la reciente escalada de violencia del gobierno, sin embargo dejó clara su incredulidad sobre este sector.
«La verdad el paro nacional no lo venimos pidiendo desde hoy. Llevamos 3 años en esto. Pero no por eso voy a dejarlo de pedir. La élite económica de esta país tiene que responder de alguna forma. Y aunque no lo hagan. Lo seguiré pidiendo!!», escribió.
La verdad el paro nacional no lo venimos pidiendo desde hoy. Llevamos 3 años en esto. Pero no por eso voy a dejarlo de pedir. La élite económica de esta país tiene que responder de alguna forma.
Y aunque no lo hagan. Lo seguiré pidiendo!!— Madelaine Caracas (@MadeCaracas) June 2, 2021
Ortega y el antiguo romance con los empresarios
Daniel Ortega recordó a los empresarios el 19 de diciembre de 2019 que ellos también se beneficiaron de los fondos de ALBANISA «Ya se les olvidó a los vende patria, cómo ellos disfrutaron y se enriquecieron con los programas del ALBA, entre Nicaragua y Venezuela (…) ellos mordiendo la mano del que les dio la mano para que se pudiesen levantar y pudiesen levantarse desde el año 2007 hasta abril de 2018», dijo Ortega.
«Ahí tenemos toda la documentación de la cantidad de operaciones económicas, financieras de las cuales ellos se beneficiaron, ganaron», recordó el mandatario.
Michael Healy es presidente del Cosep desde septiembre de 2020, luego que José Adán Aguerri dejara la asociación gremial tras 14 años en el cargo.
Nicaragua Investiga
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