El subsidio a la energía eléctrica que recibían habitantes de asentamientos espontáneos y barrios económicamente vulnerables desaparece el próximo año, así se refleja en la propuesta de Presupuesto General de la República 2020 presentado por el Gobierno la semana pasada.
Más de 30 mil familias que aún eran beneficiadas con este subsidio van a pagar la tarifa regular, lo que se traduce en un mayor gasto para acceder a este servicio.
Luis Murillo, economista. Foto:NI
El economista Luis Murillo explica que los subsidios deben responder a necesidades específicas y tener un tiempo limitado de vigencia, pues su objetivo es precisamente incentivar a un sector en situación crítica.
-«El problema es que los gobiernos, y sobre todo este, lo utilizó como una medida populista para mantener adeptos hacia sus intereses ideológicos» cometa Murillo y explica que lo más preocupante con el fin de este subsidio es que ocurre en un momento adverso para la economía de las familias.
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La firma británica The Economist Inteligence Unit, proyecta que el desempleo en el país para el 2020 alcanzará el 10%.
Desaparición del subsidio se contempla en la ley
En 2015 hubo una reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, que estableció que el Estado «continuará subsidiando a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables. Este subsidio se establece para un período de sesenta (60) meses». Ese plazo se cumple este 2020.
El asesor en temas de derecho al consumidor Juan Carlos López manifiesta que «en algún momento el Estado iba a buscar como desaparecer este subsidio», porque sostenerlo por período indefinido era imposible, sin embargo considera que, » hay que revisarlo bien», porque «hay sectores que si lo necesitan y más en este momento donde hay mucho desempleo”.
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El subsidio obligaba al Estado a asumir un porcentaje del consumo de los usuarios más pobres. Ese porcentaje era del 2.5% el primer año y el 2% para los siguientes 4 años.
Además de este subsidio dirigido a asentamientos y barrios muy pobres, también existe la tarifa social, impuesta por la Ley 898, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, que establecía subsidios y exoneración de IVA para aquellos usuarios que consumieran menos de 150 kilovatios por mes, sin embargo, esa ley también ha sufrido modificaciones y desde el año pasado se recortó cada vez más el techo para poder acceder a la ayuda estatal.
Eso ha generado un aumento de denuncias porque muchos usuarios han visto duplicadas sus facturas a causa de estos reajustes que continuarán aplicándose hasta el 2022.
Los datos oficiales indican que actualmente unos 800 mil nicaragüenses aún son beneficiados con la tarifa social por consumir menos de 150 kilovatios por mes.
«Enjuiciar a clientes morosos es contraproducente»
Sobre la propuesta de reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, que contempla que los ciudadanos que han caído en mora con el pago de la tarifa energética puedan ser enjuiciados, el economista Luis Murillo considera que es una medida «contraproducente», porque los nicaragüenses «están bastante golpeados por la crisis y los servicios básicos son un elemento fundamental que tienen que cubrir».
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Por otro lado, Murillo prevé que esta reforma tendría dos principales repercusiones en el momento de su aprobación, que serían; una contracción del consumo sumado a la caída del poder adquisitivo de los nicaragüenses, y en segundo lugar, un aumento en la retardación de justicia porque»si se judicializan este tipo de casos, creo que los tribunales no van a dar abasto».
Murillo expresó que si se establecen mecanismos más rigurosos contra los usuarios, se debe hacer lo mismo para garantizar el buen servicio por parte de la empresa distribuidora, que recibe múltiples denuncias por mal desempeño.
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