Una multitudinaria protesta de desocupados se convertía el miércoles en el primer gran desafío político del presidente de Argentina, Javier Milei, quien desde su campaña electoral prometió impedir que las manifestaciones cortaran el tránsito vehicular.
Entre férreos controles policiales, las agrupaciones sociales protestaban en el centro de Buenos Aires para pedir mayores subsidios a la pobreza y contra las medidas de ajuste anunciadas la semana pasada por Milei, quien asumió el poder el 10 de diciembre en medio de una crisis económica.
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La protesta mostró situaciones tensas cuando algunos de los manifestantes tomaron las calles para marchar hacia la emblemática Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, algo que las fuerzas de seguridad pretendían evitar a toda costa para garantizar la circulación vehicular.
«Es una movilización pacífica, no queremos enfrentamientos», señaló a periodistas el dirigente social Eduardo Belliboni, de la agrupación de izquierda Polo Obrero.
El gobierno argentino había ratificado su decisión de impedir los cortes de calles durante las manifestaciones que tendrán lugar el miércoles en distintos puntos del país en contra de las políticas de ajuste que impulsa el presidente Javier Milei.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el gobierno está determinado a que comience una nueva etapa sin manifestaciones que interrumpan el tránsito mediante la aplicación del nuevo protocolo de seguridad que anunció recientemente y que será inaugurado en la protesta que comenzará en las próximas horas en Buenos Aires y otras ciudades.
«Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas… Pero las calles no se cortan. Hoy comienza. No hay que esperar hoy el 100 % de éxito, hay que saber que hoy comienza un camino que es sin vuelta atrás”, aseveró la funcionaria en declaraciones al canal de cable Todo Noticias.
Organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y organismos de derechos humanos anunciaron que sus movilizaciones serían masivas, en la primera demostración de rechazo al plan de reducción del déficit fiscal que comenzó a implementar el gobierno y en desafío al severo protocolo que reprime los cortes las calles.
Las medidas con las que las autoridades pretenden mantener el orden en las calles contemplan la identificación de aquellos manifestantes que las corten, lo que implicará que dejen de cobrar ayudas estatales.
Milei reforzó esta intención posteando en su cuenta de Instagram la imagen de una pantalla informativa en una estación ferroviaria de la capital que advierte “el que corta, no cobra”.
Bullrich señaló por su lado que “va a haber cámaras en toda la ciudad, en los ferrocarriles, en distintos lugares donde se puede llegar a hacer un piquete (corte). Va a haber fuerzas policiales con cámaras filmando para luego generar un sistema de identificación. El Renaper (Registro Nacional de las Personas) está trabajando con nosotros”.
El protocolo anunciado por la ministra días atrás permite además a las fuerzas federales desalojar a las personas que bloqueen las calles sin orden judicial y facturarles a las personas que obstruyen la vía pública el costo de movilizar a las fuerzas de seguridad.
Buenos Aires es epicentro de protestas regulares, algunas bloqueando las calles durante días, lo que ha motivado una creciente corriente de opinión pública en contra de este tipo de manifestaciones. Una encuesta reciente del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires indicó que 65 % de los encuestados está de acuerdo con prohibir los bloqueos. El sondeo tiene un margen de error de 1,5 puntos porcentuales.
Denuncia ante la ONU y CIDH
Partidos políticos, sindicatos y organismos de derechos humanos denunciaron ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno busca criminalizar el derecho a la protesta.
El denominado “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”, presentado por el Ministerio de Seguridad dos días después de anunciarse un plan de fuertes ajustes económicos, habilita a las fuerzas federales para desalojar o dispersar manifestantes que impidan el tránsito de personas o medios de transporte, en forma parcial o total, en rutas nacionales y otras vías de circulación bajo jurisdicción federal.
En su punto más controvertido, establece que los agentes podrán intervenir sin que medie orden judicial “toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, diversas organizaciones políticas y sociales, entre los 1.700 firmantes, impulsaron una acción conjunta ante Naciones Unidas y CIDH para que intercedan ante el Estado argentino y deje sin efecto el protocolo.
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“La mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, según un comunicado emitido el martes por los denunciantes.
En una carta enviada a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y otra dirigida a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, les solicitaron que “manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
El nuevo plan de seguridad contra las protestas callejeras se dio a conocer la misma semana en la que el gobierno de Milei anunció un plan de ajuste ortodoxo para bajar el déficit fiscal que, entre otros puntos, incluye la devaluación del peso argentino más del 50 %, el despido de empleados públicos, la reducción de subsidios al transporte y la energía y la suspensión de la obra pública, que tendrán un fuerte impacto social.
