El diputado del Parlamento Europeo José Ramón Bauza, envió una carta a los Estados miembros de la Unión Europea urgiendo sanciones para funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, ante su negativa de facilitar una salida a la crisis política.
«He decidido dirigirme a los que deben dar el siguiente paso, exigiendo que no demoren más la respuesta europea: los Estados miembros» escribió el eurodiputado en su cuenta personal de twitter.
Bauza recordó en su carta que el parlamento europeo ya había aprobado tres resoluciones sobre Nicaragua, y en la última, el mandato del parlamento fue que los Estados miembros crearan una lista de personajes y entidades a sancionar en Nicaragua, que estuviesen involucrados en la represión estatal y actos de corrupción.
Hasta la fecha, los eurodiputados estarían discutiendo sobre quiénes deberían integrar esta lista, por lo que Bauza señala que «mientras nosotros discutimos, los nicaragüenses deben enfrentarse a ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y el exilio forzado».
🇳🇮🇪🇺 La represión no cesa en Nicaragua y día a día me preguntáis por qué no llegan las sanciones de la UE. Tenéis razón. Por eso he decidido dirigirme a los que deben dar el siguiente paso, exigiendo que no demoren más la respuesta europea: los Estados Miembro 👇🏻#SOSNicaragua pic.twitter.com/yK4DXVt0jF
— José Ramón Bauzá (@JRBauza) February 17, 2020
Asimismo, el eurodiputado español destacó que los nicaragüenses están «extremadamente frustrados por la inaacción europea ante la brutalidad del régimen, y la impunidad con la que el hijo de Ortega, Laureano Ortega, sancionado por Estados Unidos, puede viajar libremente por Europa».
Bauza también solicitó que se renueven los esfuerzos por incidir en una salida a la crisis nicaragüense ejerciendo presión con la creación de los potenciales sancionables y que esta lista incluya a Daniel Ortega, Rosario Murillo, sus hijos Rafael y Laureano, así como al comisionado Ramón Avellán.
El eurodiputado también señala que el gobierno de Daniel Ortega es responsable de la muerte de más de 300 personas y el exilio de al menos 90 mil nicaragüenses, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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