La mañana de este jueves 23 de noviembre, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la nueva “Ley para el cálculo de indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, misma que de acuerdo a abogados, es inconstitucional y viola los derechos de los trabajadores.

Dicha ley establece que aquellos trabajadores que renuncien solo tendrán derecho a indemnización por antigüedad a partir de los tres años de servicio. Si estos trabajaron entre 3 y 10 años tendrán derecho a un mes de salario; si trabajaron de 10 a 15 años, 2 meses de salario; si lo hicieron de 15 a 20 años, 3 meses de salario; y si trabajaron 20 años a más,  recibirán los 5 salarios.

El abogado Juan Diego Barberena explica que con esta ley “involutiva”, el régimen está “robando a los trabajadores sus derechos por una indemnización por antigüedad”

“Tenemos una inconstitucionalidad, además de ilegalidad porque el artículo 33 de la Constitución Política establece que la ley es irretroactiva salvo en la materia penal cuando beneficie al reo y este no es el caso. A los trabajadores del Estado les están robando, porque a partir de este momento todos y cada uno de ellos no van a tener derechos en caso de renuncia conforme lo establece anteriormente la ley, si no todo lo contrario”, señala Barberena.

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El abogado explica que en este caso no se viola el artículo 45 del Código del trabajo, sino el artículo 113 de la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa que es la que regula las relaciones laborales de los servidores públicos.

“Este artículo 113 dice textualmente lo mismo que el 45 del Código del Trabajo, aunque que no lo deroga ni lo reforma la ley aprobada hoy, la derogación es tácita, bajo el precipicio de que la posterior deroga a la anterior; sin embargo, esto incorpora una suerte de asistematicidad de normativa”, agrega.

Pretenden someter más a los trabajadores

El también abogado y defensor de derechos humanos, Danny Ramírez-Ayerdiz apunta que esta ley aprobada por unanimidad por los diputados “afecta a los trabajadores y busca el sometimiento”.

“Hay un propósito político de someter a los trabajadores del Estado al dominio, el control y la vigilancia total de Daniel Ortega y la vocera gubernamental. Es totalmente regresivo en materia de derechos, una nueva ley no puede establecer condiciones de desmejora de derechos que ya están adquiridos, con esos plazos para obtener la indemnización transgrede los derechos ya adquiridos por los trabajadores”, afirma.

El defensor de derechos humanos explica que el régimen “se está aprovechando” de que nadie puede salir a manifestarse y el hecho que todos los sindicatos “son del orteguismo van a decir ‘sí señor’”.

“Ahí está introduciendo incluso, que los trabajadores no se jubilen a los 15 años como ya estaba establecido si no hasta los 20 años”, añade.

Régimen capitalista y neoliberal

Ambos abogados coinciden en que el régimen dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, no tiene nada de socialista, pues con estas acciones demuestra una vez más su “carácter capitalista” y “neoliberal” que contradice el supuesto socialismo que dicen promover.

“El régimen es neoliberal en cuanto a las medidas que aplican. Ideológicamente no es socialista, no es comunista, no es progresista, es dolarista porque donde encuentran negocios y motivos para recortarle a la gente, ahí van”, sostiene Ramírez-Ayerdiz.

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Juan Diego Barberena añade que con esta ley el régimen Ortega-Murillo transgrede a los trabajadores del Estado y les envía un mensaje directo “a que no renuncien y si lo hacen se van a ir sin nada”.

“Los trabajadores con la dictadura no tienen futuro, además de perseguirlos les está robando, pero también los deja en desprotección y sin defensión, los sindicatos no están funcionando, los convenios colectivos resultan inaplicables”, agrega.

La mayoría de los trabajadores estatales se rigen bajo un convenio colectivo establecido por cada gremio, los sindicatos y el Estado mismo; con la nueva “Ley para el cálculo de indemnización”, estos son tirados a la basura, pero además genera un choque, precisamente en casos como el de los docentes, que se pueden jubilar con 15 años de cotizaciones.

“En el Ministerio de Salud que es uno de los que más tienen beneficios con el Estado, hay empleados que reciben hasta ocho sueldos a parte de la indemnización una vez que se van del trabajo, hay otros que permanecen en el sistema de salud porque la renuncia o la baja cuando cumplís 60 años no es obligatoria. ¿Cómo van a hacer con aquellos docentes que de acuerdo con la Ley 114, cumplen 55 años o 15 años de cotización y pueden jubilarse?”, cuestiona Danny Ramírez-Ayerdiz.

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¿Dónde acudir para reclamar derechos?

Barberena añade que para el régimen los “trabajadores no tienen ningún tipo de relevancia” y que desafortunadamente, ante este tipo de leyes que violan sus derechos, no pueden ni siquiera pretender una demanda colectiva ante los juzgados del trabajo y la Seguridad Social, y aunque pretendieran levantar una por inconstitucionalidad, ante el control político de todas las instituciones estatales es imposible.

A esto, Danny Ramírez-Ayerdiz agrega que los trabajadores del Estado podrían acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero “desde el retiro de la OEA los nicaragüenses quedamos en mayor vulnerabilidad ante el régimen”.

Los dos abogados concuerdan en que la dictadura “está golpeada” por las múltiples renuncias que han habido de trabajadores del Estado, además que “está racionalizando sus recursos” porque “se está quedando sin fuentes de financiamiento” y necesita sostener el aparataje estatal.