Los periodistas y comunicadores Independientes (PCIN), PEN Nicaragua, la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), editores, columnistas, fotógrafos, camarógrafos, caricaturistas, blogueros y corresponsales, directores y propietarios de medios locales y nacionales y la Fundación Violeta B. de Chamorro (FVBCH) exigieron este lunes en un comunicado «la restitución de las Libertades Públicas y la suspensión del estado policiaco».
De acuerdo a los periodistas, «sin libertad de prensa, sin libertad de expresión y sin libertad de información, los esfuerzos por restituir derechos en Nicaragua son inútiles. La libertad de expresión y de prensa son la base fundamental para desarrollar cualquier proceso de democratización en Nicaragua».
Los comunicadores afirman que la «restitución de las libertades públicas es necesaria para realizar elecciones libres y transparentes que garanticen el cumplimiento de las demandas de justicia, paz y democracia».
«A pesar del duro camino que nos ha tocado transitar en el último año: el asesinato del periodista Angel Gahona (q.e.p.d), el encarcelamiento de periodistas como Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, quienes fueron sometidos a vejaciones durante los 172 días que permanecieron privados de libertad; pese a las amenazas, el acoso, el hostigamiento, las campañas de desprestigio que actualmente enfrentamos, estamos aquí unidos en una sola voz» se quejaron.
Los periodistas aprovecharon para exponer al gobierno de Daniel Ortega varia demandas relacionadas con la libertad de prensa.
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Demandamos «la inmediata devolución de los bienes y propiedades de los medios allanados y confiscados: el Canal 100% Noticias, dirigido por su director Miguel Mora y la redacción de los programas de televisión “Esta Semana” y “Esta Noche”, y los medios “Confidencial” y “Niú”, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro».
Los informadores recordaron también a los periodistas en el exilio.
«Demandamos al gobierno de Nicaragua que garantice las condiciones necesarias para un retorno seguro de periodistas y comunicadores que se vieron obligados a exiliarse».
Según el documento, firmado por varios periodistas independientes, «en los últimos días, medios de comunicación como La Prensa, El Nuevo Diario, Radio Corporación, Trinchera de la Noticia, NOTIMATV en Matagalpa, han denunciado hostigamiento a sus instalaciones, lo cual constituye una flagrante violación a su derechos civiles, políticos y económicos, al sentirse amenazados en sus centros de trabajo».
El documento pide garantizar «que los cuerpos de seguridad se abstengan de reprimir y por el contrario, aseguren la protección de las personas que participan en las protestas, y de manera especial, a periodistas que cumplen con su labor de informar».
«Operadores politícos» en contra de medios independientes
El texto pide a su vez que se «deje de utilizar como “operadores políticos” en contra de los medios de comunicación independientes a las instituciones públicas como el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el Ministerio de Trabajo (MITRAB), la Dirección General de Ingresos (DGI), que realizan constantes y exhaustivas supervisiones –fuera de la práctica común– así como reparos y sanciones arbitrarias».
Adicionalmente los hombres y mujeres de prensa solicitaron el cese del bloque aduanero por parte del ejecutivo de Ortega.
«Queremos referirnos al bloqueo de materiales como papel, tinta, y otros insumos para la impresión de los periódicos, por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), situación que ya supera el año, y representa un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho constitucional de la ciudadanía a ser debidamente informada. También existen equipos de televisión de canales independientes que se encuentran retenidos por esa institución».
Según los periodista, Ortega ha tratado de impedir su labor desde que regresó a gobernar hace 12 años.
«Desde que retornó al poder en el 2007, el gobierno de Daniel Ortega se ha empeñado en silenciar a los medios independientes, de distintas formas: amenazando, intimidando, asediando y encarcelando periodistas, allanando y ocupando las salas de redacción, bloqueando el acceso a materias primas y repuestos, poniendo reparos fiscales o estropeando sus operaciones como empresas» sentenciaron.
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