Ortega ha sextuplicado las concesiones mineras, según Fundación del Río

Según Fundación del Río, existen 229 concesiones de minería metálica, que abarcan 2,8 millones de hectáreas y representan el 23% de la superficie territorial del país.

La Fundación del Río denunció el crecimiento desmedido de la extracción minera en el país, una actividad que afecta directamente áreas protegidas como la Reserva Indio-Maíz y la Reserva Biósfera de Bosawás, amenazando también a comunidades indígenas.

Según la información recabada por la organización, existen 229 concesiones de minería metálica hasta 2021, que abarcan 2,8 millones de hectáreas, y representan el 23% de la superficie territorial del país. De estas, 146 ya han sido otorgadas y 85 se encuentran en solicitud.

“De las 146 concesiones, 114 han sido (otorgadas) en el periodo del régimen orteguista. Seis veces más de la cantidad de hectáreas concesionadas”, se lee en el documento.

Mayoría de concesiones en manos de empresas internacionales

El informe revela que de las 54 empresas e individuos beneficiados con concesiones otorgadas, tan solo cinco manejan más del 60%, la mayoría de ellas de capital extranjero. Cuatro empresas canadienses ocupan el 35% de las áreas concesionadas. Una sola empresa colombiana tiene en su poder un área de 190,604.91 hectáreas equivalentes al 21% de espacios en concesión y el 11% está en manos de tres empresas nicaragüenses.

Para organismos de investigación como Fundación de Río la tarea investigativa es cada vez más complicada, pues según Amaru Ruiz, presidente de esa organización, “los beneficiarios de las concesiones mineras pueden vender los títulos de derechos o entrar en sociedad con otras empresas”, lo que no permite rastrear quienes en realidad están explotando el suelo nicaragüense.

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En cuanto a la minería artesanal y de pequeña escala, la investigación refleja que al menos unas 40 mil personas se dedican a la actividad de extracción en al menos 38 municipios del país, un dato que se contrapone a los 23 municipios reportados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El trabajo realizado por la fundación señala que existen 1,692 beneficios mineros rústicos, de los cuales solo dos están legales. Pero el punto más grave llega con la utilización de 36 toneladas anuales de mercurio.

“La minería artesanal a pequeña escala utiliza mercurio para sus actividades, un elemento altamente tóxico que se utiliza para separar el oro de la roca. Éstas mineras artesanales tienen vinculación con planteles industriales, es decir, quienes extraen y procesan son dos tipos de actores aparte”, explica Amaru Ruiz.

Minería artesanal avanza entre las reservas protegidas

La minería artesanal además de no contar con permisos de operación, acarrean otra serie de problemas palpables como la no existencia de medidas de seguridad ni condiciones, no establecen cierres ni reforestación, el trabajo infantil, problemas de salud asociados al uso de mercurio, entre otras consecuencias que no son reportadas ni por la industria ni por las organizaciones estatales encargadas de la supervisión.

Las extracciones mineras han llegado a las reservas de Indio-Maíz en la zona de Río San Juan y a la Reserva Biósfera de Bosawás. Pese a ser áreas protegidas, la industria explota los recursos, daña el medio ambiente y se apropia territorios indígenas con la permisibilidad del Estado.

En la reserva de Indio-Maíz, propiamente dentro del territorio Rama-Kriol, se contabilizan al menos tres áreas de extracción minera: La Chiripa, que inició en 2019; El Naranjo, establecido en 2020; y Las Cruces, que se encuentra funcionando desde este 2022.

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“Las Cruces en Río San Juan, se encuentra a escasos 7 kilómetros de un puesto del ejército y del MARENA, dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz. Hay permisología de las autoridades que están ahí”, agrega Amaru.

En Bosawás han logrado identificar al menos 79 concesiones mineras de las cuales 60 han sido otorgadas y 19 se encuentran en solicitud. “Indio Maíz y la Reserva Biósfera de Bosawás, son áreas protegidas debidamente declaradas. En Bosawás no hay minería industrial, pero sí artesanal”, explica el ambientalista.

Sin garantías de procesos judiciales contra la industria o el Estado

Al consultarle si se levantará una demanda en contra del Estado nicaragüense y a las empresas mineras por los daños ambientales ocasionados, así como la apropiación de territorios indígenas, Ruiz dice que en Nicaragua no hay garantías para establecer un proceso judicial.

“Se tiene que agotar la vía legal en el país y luego una acusación a nivel internacional. La única vía que nos queda es tener incidencia a nivel público, UNESCO, empresas y propios capitales. En Nicaragua no hay garantías para que los procesos judiciales avancen”, afirma.

La Fundación del Río expresa que continuará evidenciando la situación de avance de la minería industrial y artesanal. Exige a las empresas realizar gestiones para la conservación de las áreas protegidas del país y pide a instituciones financieras internacionales no invertir o dar financiamiento a empresas de extracción minera que afecten el medioambiente o se apropien de territorios indígenas.

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