Entre los colegas de medios de comunicación de Nicaragua, se escucha decir que hacer periodismo en este contexto es “de valientes” y no es para menos. Se ha visto encarcelamientos sin causa y el exilio de muchos periodistas. Tampoco es raro encontrarse a periodistas que están haciendo cualquier cosa para sobrevivir, menos ejercer su profesión.
Y es que a partir de las protestas antigubernamentales del 2018 la libertad de prensa en el país se ha visto amenazada por las autoridades sandinistas y sus partidarios, quienes mantienen un discurso frontal en contra del periodismo independiente, lo agreden y amenazan constantemente para intentar amedrentarlo.
En este sentido, el año 2022 cerró de manera crítica. Así lo refleja un informe del Voces del Sur, el cual integra un análisis de los principales patrones de agresión identificados durante el año, siendo el uso abusivo del poder estatal, las agresiones y ataques los indicadores más recurrentes.
Contabilizan 104 alertas
Este organismo documentó un total de 104 alertas de violaciones a la libertad de prensa, las cuales se tradujeron en 703 casos en los que figura como principal agresión el indicador de uso abusivo del poder estatal con 498 casos, seguido de agresiones y ataques con 159 denuncias y el discurso estigmatizante con 15 casos.
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El total de agresiones recayó sobre 149 víctimas, de las cuales 86 son personas naturales que representa el 57.8% del total de casos y 63 personas jurídicas que alcanzan el 42.2% del número contabilizado.
“Para Voces del Sur es de mucha preocupación que durante este año aumentó el silencio de las víctimas ante las agresiones, comprendemos que se trata de una forma de sobrevivencia y autoprotección, debemos tener presente que esto no significa que la hostilidad en contra de la prensa independiente haya disminuido, sino que las víctimas, prefieren “callar” para mitigar los riesgos”, refiere en su informe.
El organismo hace un llamado urgente al Estado de Nicaragua a garantizar las condiciones para el ejercicio del periodismo independiente en el país.
Medios cerrados y obligados a salir
Durante el año 2022 Voces del Sur contabilizó un total de 93 periodistas exiliados, aunque desde el 2018 hasta la fecha ya suman 178 periodistas obligados a salir de Nicaragua.
Muchos medios además fueron cerrados, sus instalaciones tomadas y ahora ejercen desde otros países. Tal es el caso del diario La Prensa, medio que en su totalidad se vio obligado a salir de Nicaragua de forma clandestina ante la persecución llevada en su contra por el gobierno.
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Voces del Sur señala en el mismo documento que a 4 periodistas nicaragüenses se les impidió retornar a su país por órdenes del gobierno de Daniel Ortega. Dos de los casos no fueron dados a conocer de manera pública. Un caso corresponde a la periodista Tifani Roberts a quien se le impidió visitar a sus familiares en el departamento de Granada; y el otro es el del periodista Luis Felipe Palacios, corresponsal de la Agencia EFE en Nicaragua a quien Migración y Extranjería le negó su retorno luego de un viaje de trabajo.
Así mismo, destacan la audacia, el compromiso y la valentía de los profesionales del periodismo en Nicaragua que arriesgando su vida y seguridad buscan información, la verifican y la llevan a sus audiencias.
El indicador de discurso estigmatizante se puntea como el tercer ataque más utilizado durante 2022, en ese sentido señalan que las autoridades estatales son quienes en principio utilizan los medios de comunicación y las apariciones públicas para agredir a medios y periodistas. Igualmente, cuentan con operadores políticos como Enrique Quiñónez y Moisés Absalón Pastora quienes haciendo uso de los programas que conducen en medios de comunicación oficialistas arremeten constantemente en contra de quienes informan desde los medios independientes.
Cancelan personerías y medios
En marzo de 2022, la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (APN), aduciendo incumplimiento de entrega de informes financieros ante el Ministerio de Gobernación (MIGOB). Esta acusación fue negada por miembros de la organización quienes aseguraron que la acción buscaba desaparecer la gremialidad periodística independiente en el país.
La relevancia de este hecho consiste en que la APN era una de las pocas asociaciones de periodistas que se mantenía vigente en Nicaragua.
Igualmente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) llevó a cabo decenas de cancelaciones de medios de comunicación de corte católico y comunitarios. Sacó de la parrilla de televisión por cable a medios que denunciaban la situación de violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, siendo el caso más icónico el de CNN en Español, registrado en septiembre pasado.
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Además de TELCOR, la Dirección General de Migración y Extranjería fue utilizada para realizar diversas acciones en contra de periodistas entre ellas: negar salida del país, retener pasaporte a periodistas y otros trabajadores de medios, impedir el ingreso al país a quienes por razones personales o de trabajo habían tenido que salir de Nicaragua. De igual modo negó la expedición o renovación de pasaportes a periodistas y sus familias.
Hasta diciembre de 2022, Voces del Sur conoció al menos 17 casos públicos en los que ciudadanos nicaragüenses fueron acusados bajo la controversial Ley de Ciberdelitos, misma con la que agentes policiales y judiciales amenazaron en diversas ocasiones a periodistas, defensores de derechos humanos, opositores y activistas. Sin embargo, existen otros ciudadanos que también enfrentan procesos penales por el supuesto delito de propagación de noticias falsas. Estos casos no han salido a la luz por el hermetismo judicial y el temor de sus familiares a denunciar.
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