Activistas y defensores de derechos humanos de Nicaragua, expusieron ante la comunidad internacional este martes en una conferencia de prensa en Ginebra, las graves violaciones de derechos humanos que continúa perpetrando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus críticos y la sociedad civil, así como a los pueblos indígenas.
Esta exposición fue realizada en el marco del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), el cual evidenció que la dictadura sandinistas ha cometido crímenes de lesa humanidad.
Nathalia Yaya, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) en solidaridad con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que el país se ha instalado un estado de terror permanente, el cual no debe de normalizarse.
Agregó además que las miles de violaciones de derechos humanos que se encuentran en total impunidad son una afrenta a la comunidad internacional comprometida con los valores democráticos y la prevalencia del Estado de derecho.
“Por ello hacemos un llamado a los Estados y a los organismos internacionales a continuar el apoyo a la sociedad civil independiente nicaragüense en Nicaragua y fuera de ella, a rechazar firmemente los ataques del régimen a la población y sus afrentas a la comunidad internacional, a solicitar la liberación de todas las personas presas políticas y el cese de la represión de la sociedad civil”, acentuó Yaya.
Muy conmocionado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció entre lágrimas que su casa en Managua es fruto del esfuerzo en conjunto con su esposa y sus dos hijas, y que no fue un regalo del régimen sandinista. Su casa fue confiscada después que lo despojaron de la nacionalidad, por lo que considera que el derecho constitucional fue demolido en Nicaragua por la familia presidencial.
“Agradezco la solidaridad de la comunidad internacional a la que demando fortalecerla con más medidas en coherencia a la grave realidad nicaragüense. Poner fin a esa forma de poder tiránico, es defender la dignidad de toda la humanidad. Nicaragua, mi familia, ya se los agradece”, externó Carrión.
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Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica, explicó que en esta persecución gubernamental muchas personas de la tercera edad han quedado en indefensión porque les quitaron su pensión y sus bienes, de igual manera aseguró que el impacto ha sido extensivo a sus familias, principalmente a los niños quienes se han visto imposibilitados en muchos de los casos en poder volver a tener contacto físico con sus familiares que fueron desterrados.
“Hay una negación de permiso de salida por parte del Estado. Les han negado pasaporte y las partidas de nacimiento, a ellos mismos los han borrado sus registros civiles, ya no existen en Nicaragua”, refirió.
Instó a los Estados a seguir alerta sobre la crisis de Nicaragua, para ello agradeció el esfuerzo realizado por el grupo de expertos al documentar lo que las organizaciones de derechos humanos han atestiguado, de igual manera pidió a la comunidad internacional abrir canales humanitarios.
Becky McCray, abogada que ha trabajado con los pueblos indígenas de Nicaragua, expuso las recurrentes invasiones de territorios por parte de colonos y las violaciones sistemáticas a sus derechos colectivos y autónomos.
“La crisis sociopolítica ha afectado aún más el proceso de demarcación, titulación y saneamiento de las tierras comunales de pueblos comunales y afrodescendientes de la Costa Atlántica, que está establecido en la Ley 445”, dijo.
Indicó que es importante este espacio con la comunidad internacional para visibilizar el recrudecimiento de la violencia estructural y las graves violaciones a los derechos humanos, ambientales y territoriales que enfrentan los pueblos indígenas en Nicaragua, y que es un tema que se debe de abordar en profundidad por el Consejo de Derechos Humanos y por el Grupo de Expertos porque han sido sumamente invisibilizados.
Los exponentes pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apoyar la renovación y ampliación de la resolución sobre Nicaragua y el mandato por dos años del Grupos de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren).
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