El diputado indígena nicaragüense Brooklyn Rivera aseguró el viernes que ingresó a Nicaragua desde Honduras y por la región de Mosquitia, que ambos países comparten, después que autoridades dijeran que no podía regresar al país tras participar en una reunión en la ONU.
Rivera, de la organización misquita Yátama, afirmó que participó en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas en Nueva York, durante la segunda mitad de abril, y que al intentar retornar encontró un «impedimento migratorio» de las autoridades nicaragüenses, según un video publicado en redes sociales por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.
Rivera, un exaliado del partido sandinista del presidente Daniel Ortega, agregó que antes de viajar a la reunión de la ONU había obtenido permisos del legislativo y el gobierno, pese a lo cual encontró la restricción de retorno.
«Había una orden de impedimento migratorio de viajar a través de la línea aérea y yo tuve que buscar otras opciones de cómo regresar al país», agregó Brooklyn Rivera.
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Sostuvo que ingresó por la Mosquitia desde Honduras amparado en resoluciones de la ONU y organismos internacionales que consideran que no hay fronteras entre pueblos indígenas limítrofes de dos países.
Rivera es el único representante de la formación indígena Yátama en la Asamblea Nacional, y entre 2006 y 2012 fue aliado del gobernante Frente Sandinista.
Brooklyn Rivera, que resultó electo diputado en las dos últimas elecciones, en 2016 y 2021, dijo que en el Foro de la ONU no declaró en contra del gobierno. «No temo a nada que implique responsabilidades» políticas o judiciales, agregó.
Organismos internacionales han denunciado al gobierno de Ortega por sus medidas contra opositores, entre las que se encuentran expulsiones del país, despojar de su nacionalidad a dirigentes, impedir el ingreso de críticos y proscribir miles de organizaciones privadas y religiosas.
Como respuesta, Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al gobierno.
Nicaragua endureció sus leyes y controles sobre opositores tras las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones cuestionadas por la oposición.
Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con bloqueos de carreteras, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.
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