Días después que la Policía Nacional se tomó el Colegio Santa Luisa de Marillac de manera arbitraria, el Ministerio de Gobernación oficializó este jueves el cierre y confiscación de la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, fundada en 1992.
El centro católico está ubicado en San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega, y era administrado por al menos seis monjas, incluyendo una de la tercera edad, que, según fuentes, habrían sido expulsadas.
Gobernación justificó el cierre asegurando que la asociación «incumplió con las leyes que la regulan», según el acuerdo ministerial, publicado este día en el diario oficial La Gaceta.
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La institución canceló la personalidad jurídica de la asociación sin fines de lucro, vigente desde 1999, y a su vez acordó que «el destino de los bienes muebles e inmuebles (…) corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua«.
El ministerio, a cargo de María Amelia Coronel Kinloch, aplicó a la asociación católica el mismo patrón utilizado para cancelar la personería jurídica de miles de oenegés en Nicaragua.
Detalla que, de acuerdo a la Ley 1115 «Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro», la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo «no reportó sus estados financieros, periodo fiscal 2022».
Además, «no promueven políticas de transparencia en la administración de los fondos que manejan la OSFL, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos fueron acorde a sus objetivos y fines», por los cuales se les otorgó la personalidad jurídica.
Esto «obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB», añadió.
El cierre de la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac ocurre en un contexto de persecución religiosa en el país. Entre los últimos arrebatos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentra el bloqueo de las cuentas bancarias de las diócesis.
La dictadura justificó el congelamiento de las cuentas acusando a la Iglesia católica de supuesto «lavado de dinero».
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