Los crímenes que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido en contra de los periodistas y los medios de comunicación nicaragüenses continúan impunes, recordaron este jueves, mediante un pronunciamiento, los organismos Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El pronunciamiento se produce en ocasión de que este 2 de noviembre se conmemora el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.
Según el comunicado, además de que han desterrado y desnacionalizado a algunos periodistas, Ortega y Murillo han criminalizado al periodismo independiente de Nicaragua, lo han asediado, han detenido periodistas y también los han agredido, enjuiciado, así como también han confiscado medios de comunicación.
Desde el regreso de Ortega
Las agresiones contra el periodismo nacional aumentaron progresivamente desde que Daniel Ortega regresó al poder, pues, en 2008, “turbas pro-gobierno agredieron a periodistas que cubrían las protestas masivas por el fraude electoral cometido por el partido del dictador”, reza el documento.
Los organismos denunciantes se quejan de que ninguna de esas primeras agresiones de la dictadura, que incluyeron heridas, golpes, robo y destrucción de equipos y vehículos, fue investigada ni sancionada.
En 2012, un grupo de periodistas presentó a la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional un documento pormenorizado con 88 casos de agresiones en contra de periodistas y tampoco se realizó ninguna investigación, detalla el escrito.
“En los años previos a 2018, durante los llamados miércoles de protesta, distintos periodistas fueron agredidos, robados y golpeados frente a las cámaras. Las autoridades no investigaron. Y cuando un pistolero disparó a mansalva en dirección hacia los periodistas y protestantes, Daniel Ortega dijo que el muchacho no quería herir a nadie”, agrega el pronunciamiento.
Peor desde el 2018
Los organismos del pronunciamiento indicaron que el asesinato impune del periodista de Bluefields, Ángel Gahona, el 21 de abril de 2018 mientras daba cobertura a protestas en el Caribe Sur, significó el empeoramiento de los ataques en contra de la prensa independiente en Nicaragua.
“En abril de 2018 explotó una profunda crisis sociopolítica que dejó al menos 355 muertos, miles de heridos y detenidos”, expresaron.
Añadieron que la embestida de la dictadura de Ortega y Murillo empezó bloqueando transmisiones de medios de comunicación y reteniendo papel, tinta y otros insumos a periódicos como La Prensa y El Nuevo Diario, confiscando en diciembre de 2018 la televisora 100% Noticias, y apresando a su director Miguel Mora y a su jefa de redacción, Lucía Pineda.
Miguel Mora estuvo dos veces detenido. En febrero de 2023 fue desterrado y desnacionalizado. A Lucía Pineda se le privó de su nacionalidad nicaragüense, tuvo que salir del país y su casa fue confiscada.
En 2020, el Observatorio de PCIN registró 1,678 agresiones contra periodistas y medios independientes. En 2021 continuó la escalada represiva. En septiembre de ese año PCIN contabilizó 1,520 ataques. La organización Voces del Sur estimó que en 2022 se cometieron 703 agresiones en contra de la libertad de prensa en Nicaragua.
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El Covid y las desnacionalizaciones
La pandemia Covid19, que fue minimizada por la dictadura de Nicaragua, afectó a decenas de periodistas independientes. Como la dictadura negaba atención médica a los que consideraba opositores, PCIN y organizaciones aliadas procuraron atención médica para distintos casos. Algunos lograron sobrevivir y recuperarse. Otros no, como Gustavo Bermúdez, uno de los primeros casos fatales de la pandemia en Managua. Sergio León e Ileana Lacayo, ambos de la Costa Caribe Sur, fallecieron en unidades de salud del gobierno. Ni estos ni los demás casos de contagio de periodistas fueron registrados como tales por el Ministerio de Salud.
El periodista deportivo Miguel Mendoza estuvo ilegalmente detenido más de 600 días, y condenado por jueces de Ortega a varios años de cárcel solo por comentar los abusos del régimen de Ortega en contra de la población en sus redes sociales. Luego fue desterrado y desnacionalizado.
Otros periodistas y defensores de derechos humanos han sido también desnacionalizados.
Medios de comunicación como La Prensa y Confidencial fueron también confiscados. La sala de redacción de La Prensa debió exiliarse en julio de 2022 debido a la persecución, algo inédito en la historia de América Latina. Actualmente el periodista Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10, suma siete meses detenido sin derecho al debido proceso, solo por cubrir una actividad religiosa.
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