El nivel de pobreza de las familias de presos políticos en Nicaragua se ha agudizado a niveles críticos, alertó la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) en un estudio.
La pérdida del ingreso familiar ha disminuido dado que el 73 por ciento de los presos políticos eran jefes o jefas del hogar, señala el estudio realizado entre 2018 y 2022, en el que participaron 93 familiares de privados de libertad.
Sumado a ello, las familias han tenido que gastar en paquetería y transporte para atender las necesidades de sus parientes presos por la dictadura, añade.
El «más devastador» contra familiares de presos políticos
El impacto económico es percibido como uno de los «más devastadores» para estas familias.
Algunas «ya estaban en el umbral de la pobreza y, al no poder satifcer la canasta básica alimentaria ni los costos de sostenimiento de la vida de su familiar preso, se encuentran en una situación crítica», señala el informe.
Al verse afectada la economía de los hogares, muchos familiares no pueden hacer entrega de la paquetería médica a los presos políticos «lo que afecta su salud mental».
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Presos con deteriodo de salud
Asimismo, el encarcelamiento ha deteriorado la salud del 82 por ciento de los presos políticos.
La mayoría ha desarrollado «nuevos padecimientos y/o se han agravado padecimientos existentes producto de la exposición a tortura y tratos crueles, así como condiciones de reclusión infrahumana y la deliberada denegación de brindar atención y servicios médicos de forma oportuna y especializada para sus padecimientos», indica el estudio.
Grave retroceso en materia de género
En las familias, las más afectadas han sido las mujeres a quienes les ha caído una «sobrecarga» del trabajo diario para alimentar y cuidar a sus familiares. El 78 por ciento de las mujeres tiene a su cargo menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores en su seno familiar.
Además, muchas han experimentado violencia política, incluso antes de la detención de su pariente, principalmente por parte de la policía y funcionarios del sistema penitenciario, lo que confirma que hay un «grave retroceso en materia de género», agrega la UDJ.
Por tanto, se trata de una «doble condena«, describen los investigadores, al determinar que el encarcelamiento político afecta tanto al detenido como a sus familiares.
Es «una realidad que precisa de intervención y que nos suele pasar desapercibida», advierten.
Al mes de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenía al menos a 89 personas encarceladas por motivos políticos, entre ellas, 16 mujeres, según la lista mensual publicada por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua. La mayoría fue detenida en nuevas redadas tras el destierro de 222 presos políticos en febrero del 2023.
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