La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el miércoles las condiciones de detención en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a liberar al menos 36 presos políticos detenidos «de manera arbitraria».
Este órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) afirma haber recibido testimonios de algunas de las 135 personas excarceladas el 5 de septiembre y desterradas a Guatemala.
Acusan a los funcionarios de «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» como «golpizas y descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación del sueño, interrogatorios constantes, y acceso limitado a la luz solar», afirma en un comunicado.
Se quejaron, dice, de «la insalubridad en las celdas, falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y de mala calidad, negligente atención médica y falta de acceso a medicamentos», así como de «restricciones en la recepción de paquetería y visitas familiares».
Mujeres detenidas en el centro penitenciario La Esperanza denunciaron «falta de acceso a productos básicos de higiene, espacios inadecuados para dormir y condiciones de hacinamiento en celdas insalubres», añade.
Algunos testimonios afirman que se aplican «regímenes de aislamiento».
«Al menos 36 personas continúan detenidas de manera arbitraria», incluidos por lo menos ocho líderes indígenas que permanecen «en condiciones deplorables de insalubridad, sin acceso a agua potable, con alimentación inadecuada, falta de atención médica y denuncias de malos tratos», condena la CIDH.
La Comisión llama a Nicaragua a «liberar» a todos ellos y a poner fin a «la persecución y el hostigamiento contra defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos».
Por otra parte pide a los Estados que acogieron a los presos políticos excarcelados, a quienes se les retiró la nacionalidad nicaragüense, que les den «protección internacional y un estatus migratorio estable» para «facilitar su integración».
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