En un informe publicado este miércoles 6 de noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denuncia la creciente represión del régimen sandinista sobre el sistema universitario, donde las universidades privadas y otras instituciones de educación superior han sido objeto de una serie de medidas arbitrarias, incluyendo la cancelación de su personalidad jurídica y la confiscación de sus bienes.
Estas acciones son descritas por los expertos como un intento de «acallar las voces, el pensamiento y el debate crítico» dentro de las instituciones académicas, especialmente tras las protestas estudiantiles de 2018.
«Estas violaciones fueron cometidas con la finalidad de acabar con las instituciones académicas autónomas que pudieran generar opiniones o movilizaciones críticas y de silenciar la comunidad académica y los movimientos estudiantiles», destaca el documento.
Según el informe, la dictadura ha utilizado la cancelación de la personalidad jurídica como una herramienta de control político, afectando al menos a unas 37 universidades desde finales de 2021.
Entre las principales víctimas de este proceso figuran la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica de Nicaragua, que durante las protestas de 2018 fueron escenarios de resistencia y apoyo a los estudiantes perseguidos por el régimen.
El informe advierte que «muchas de estas universidades habían sido focos de movilización estudiantil durante las protestas de 2018» y que sus directivos y personal académico fueron objeto de «actos de represión» por su vinculación con los movimientos de protesta.
Causas y consecuencias de los cierres
El informe destaca que las autoridades nicaragüenses justificaron la cancelación de las universidades con acusaciones de no cumplir con los requisitos de calidad educativa, entre otros cargos administrativos. Sin embargo, muchas de estas instituciones habían sido afectadas por la persecución política desde las protestas de 2018.
A raíz de la cancelación de su personalidad jurídica, las universidades perdieron la capacidad de operar legalmente, lo que resultó en el cierre de los campus y la confiscación de bienes, incluidas cuentas bancarias y propiedades inmobiliarias.
Este estudio también señala cómo varias universidades fueron absorbidas arbitrariamente por nuevas instituciones creadas por el gobierno, como la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro y la Universidad Nacional Politécnica, que tomaron posesión de los activos de las universidades cerradas.
De acuerdo con los hallazgos del informe, la estrategia del gobierno no solo se ha centrado en los cierres, sino también en modificar la legislación para establecer un control absoluto sobre las universidades.
Reformas legislativas y el colapso de la autonomía universitaria
A partir de la Ley 1114, aprobada en marzo de 2023, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) asumió el control total sobre el subsistema de educación superior, eliminando la autonomía universitaria y reduciendo la influencia de los rectorados de las universidades privadas y públicas.
Con la Ley 1176, promulgada en noviembre de 2023, el gobierno fortaleció su control al permitir que las universidades estatales fueran dirigidas por consejos nombrados directamente por el CNU, lo que facilita la influencia directa del gobierno en las decisiones académicas y administrativas de estas instituciones.
Esta reforma también estableció que el Consejo Nacional de Universidades estaría compuesto por personas designadas directamente por la Presidencia de la República, lo que consolidó el control del Estado sobre la educación superior.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sostiene que estas medidas representan una violación sistemática de los derechos fundamentales de estudiantes, docentes y personal universitario, especialmente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y a la educación.
El informe cita que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 37,000 estudiantes habrían sido directamente afectados por el cierre de universidades y centros de educación técnica y superior.
Violaciones de derechos humanos y represión de la libertad académica
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos destacó que el cierre arbitrario de las universidades y la imposición de reformas legislativas que limitan la autonomía académica son incompatibles con los principios del derecho a la educación.
Según el informe, estas acciones violan el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza el acceso a una educación de calidad y la libertad académica.
En este contexto, el Grupo de Expertos sostiene que las reformas y el cierre de universidades no tienen un fin legítimo, como la promoción del bienestar general en una sociedad democrática, sino que responden a un patrón de represión que busca eliminar el pensamiento crítico en el ámbito educativo.
Dictadura asigna más presupuesto a entidades represivas que a educación
Dictadura fortalece las entidades represivas mientras debilita la educación
En el reciente proyecto de Ley del Presupuesto General de la República (PGR) 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asignó un presupuesto mayor a su aparato represor conformado por la Policía, Ejército y Ministerio del Interior; que en su conjunto recibirán más fondos que las instituciones académicas.
Las universidades y los centros técnicos de educación superior tendrán una asignación de 6.2% del PGR, equivalentes a C$9,523.8 millones; mientras que la Policía Nacional, el Ejército y el Mint tendrán una participación en su conjunto del 7.4%, con un total de 11,226 millones de córdobas.
El economista Juan Sebastián Chamorro advirtió que estas asignaciones a las instituciones policiales y castrenses indican las prioridades de la dictadura, enfocadas en fortalacer estas entidades que participan directamente en el control y represión que mantiene el régimen en todos los sectores de Nicaragua, incluyendo las universidades.
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