El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitió, entre finales de septiembre y mediados de octubre de 2026, que cuatro procesiones católicas salieran a la vía pública después de años de confinamiento obligatorio dentro de las parroquias. Las autorizaciones cubrieron las fiestas de San Jerónimo en Masaya, San Miguel Arcángel en Managua, San Francisco de Asís en Camoapa y la Virgen de la Merced en Matagalpa. Desde 2022 la Policía Nacional había impuesto como norma general que estas expresiones de piedad popular se realizaran únicamente dentro de los recintos religiosos.
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 23, 2026
De las diez celebraciones programadas entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre que antes no podían salir, seis permanecieron dentro de los templos. El permiso no restauró de forma amplia el derecho a procesionar en espacios públicos: se limitó a actos concretos y de alta convocatoria, mientras el resto del calendario siguió bajo restricción. Algunas de las salidas autorizadas recibieron cobertura de medios afines al gobierno.
Miles de actividades religiosas prohibidas
La investigadora Martha Patricia Molina ha documentado más de 16.564 actividades de piedad popular prohibidas entre 2019 y mediados de 2025.
Las restricciones se generalizaron a partir de 2022, aunque en años anteriores se habían permitido excepciones puntuales como la procesión de Santo Domingo en Managua, San Jerónimo de León y la Gritería. Molina señaló que las parroquias recibieron los permisos con muy poco tiempo de antelación, lo que obligó a los sacerdotes a organizar los recorridos de forma improvisada y bajo observación constante de las autoridades. Según su análisis, las celebraciones se realizaron “sin libertad plena y bajo vigilancia”. En varios casos, efectivos policiales visitaron parroquias, tomaron fotografías y videos, y solicitaron información sobre el trabajo pastoral.
En Masaya, la procesión de San Jerónimo salió el 20 de septiembre y recorrió siete cuadras. Sin embargo, la tradicional procesión de La Octava, prevista para el 7 de octubre, no obtuvo autorización y fue reemplazada por una eucaristía dentro del templo. El caso ilustra que los permisos se otorgaron de manera selectiva y no cubrieron el programa completo de cada festividad.
Antes de la salida en el barrio Las Brisas de Managua, el párroco de San Miguel Arcángel agradeció públicamente al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, y a las autoridades civiles por el “resguardo” brindado. En contraste, el sacerdote exiliado Edwin Román, antiguo párroco de San Miguel Arcángel en Masaya, cuestionó en redes sociales que estas autorizaciones “excesivamente controladas” pudieran interpretarse como una apertura real de libertad religiosa. Consideró que respondían principalmente a la presión internacional.
Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó que la Santa Sede seguía “con especial inquietud” la situación de Nicaragua y pidió mantener “una senda de diálogo respetuoso y constructivo” con las autoridades. Por su parte, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) incluyó nuevamente a Nicaragua en su lista de países de especial preocupación en 2026, citando denuncias de represión, acoso, detenciones y vigilancia contra comunidades religiosas y miembros del clero.
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Las cuatro salidas autorizadas representan un alivio puntual y condicionado dentro de un marco de restricciones que, según los registros disponibles, ha afectado a miles de actividades religiosas en los últimos años.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
Nicaragua Investiga
