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Senadores estadounidenses solicitan mayor presión contra Ortega

El Congreso de Estados Unidos. Nicaragua Investiga

La resolución propuesta por los senadores Ted Cruz y Bob Menéndez fue aprobada este jueves 21 de mayo por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. La resolución indica a los senadores que deberán aumentar la presión norteamericana sobre el gobierno de Daniel Ortega para que facilite una salida negociada a la crisis política.

«Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de los derechos humanos, y usar las herramientas bajo la ley de los Estados Unidos, para aumentar la resistencia política y económica en contra del gobierno de Daniel Ortega» se lee en la resolución.

De igual manera, los senadores le solicitan a Ortega que libere «inmediatamente» a los presos políticos y que cese todo acto de violencia y persecución contra ciudadanos opositores, así como a respetar las libertades públicas de los nicaragüenses como la libre movilización, libertad de expresión, entre otras.

El departamento del tesoro ha sancionado a al menos 18 funcionarios nicaragüenses – Foto: Nicaragua Investiga

También, los senadores le solicitan al presidente Donald Trump que promueva esfuerzos diplomáticos junto con las sanciones para que Ortega facilite reformas electorales que garaticen elecciones democráticas, justas y transparentes y le devuelvan la credibilidad al Consejo Supremo Electoral.

Los senadores también aprobaron una enmienda de «condena por el manejo irresponsable de la pandemia» del COVID19 por parte de las autoridades nicaragüenses.

Esta resolución fue aprobada con el apoyo de los senadores Republicanos y Democráticos, y a parte de Cruz y Menéndez, los senadores Marco Rubio, David Perdue, Christopher Scott Murphy, Tim Kaine y Benjamin Cardin aparecen como copatrocinadores de esta resolución.

Desde que estalló la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, Estados Unidos ha sancionado a 18 funcionarios públicos, una institución y cuatro empresas allegadas a la familia presidencial. La Unión Europea, el Reino Unido y Canada también han replicado estas sanciones en contra de los actores que se han visto envueltos en actos de corrupción, lavado de dinero y violaciones a derechos humanos.

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