Después de conocerse la iniciativa de Ley llamada Ley Especial de Ciberdelitos, Daniel Ortega presentó un Decreto Presidencial publicado en La Gaceta en donde aprueba una «Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020 – 2025».
El Decreto instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos TELCOR a crear un Plan de Acción para impulsar esta Estrategia Nacional.
El objetivo general de esta estrategia es «garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio que permita el aprovechamiento de las TIC´s como herramienta que contribuya a la paz, estabilidad, seguridad y desarrollo sostenible del país».
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Mientras que sus objetivos específicos establecen que se crearán las condiciones administrativas y jurídicas en materia de ciberseguridad.
El documento también indica que se establecerá un modelo de gobernanza para la ciberseguridad nacional, en el cual se crearán herramientas, políticas, conceptos de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, formación de talento humano especializado, prácticas idóneas y demás para alcanzar los objetivos previstos.
Esta estrategia está supuesta a ser implementada en cinco años, pero dicho plazo será actualizado «de acuerdo a las necesidades del país; así como del resultado de las evaluaciones de amenazas a la ciberseguridad».
Esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad no deja de estar relacionada con la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, que busca criminalizar la labor periodística y perseguir a los ciudadanos que critiquen la administración de Daniel Ortega.
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La iniciativa de Ley que se dio a conocer el pasado 28 de septiembre fue presentada por la bancada sandinista en la Asamblea Nacional y su artículo 30 establece penas de dos a cuatro años y 300 a 500 días multa para las personas que difundan «noticias falsas o tergiversadas».
Si bien los medios de comunicación y periodistas no difunden noticias falsas, el gobierno de Daniel Ortega ya ha catalogado como difusores de noticias falsas a todos los periodistas y medios de comunicación que critican su administración, sobre todo a los que han dado cobertura a la crisis política y violaciones a los derechos humanos.
De igual manera, esa iniciativa de Ley establece una pena de tres a cinco años de prisión, más 500 a 800 días multa si la publicación «incita al odio o la violencia» o si bien atenta en contra de «la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana».
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