La mañana de este miércoles 21 de octubre fue dictaminada en la Asamblea Nacional de Nicaragua, la polémica Ley de Ciberdelitos, con la cual el gobierno de Daniel Ortega pretende acallar las denuncias de los medios de comunicación independientes y las críticas que diariamente hacen los nicaragüenses en redes sociales.
La iniciativa de ley fue presentada el 28 de septiembre por los 70 diputados de la Bancada Sandinista, el día 30 fue presentaba en el Plenario de la Asamblea y pasada a revisión en la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social y la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, las cuales finalmente dieron un dictamen favorable.
Aunque se aseguró que fue consultada con «amplios» sectores de la sociedad, en realidad solo se convocó a instituciones oficialistas y a periodistas y medios de comunicación afines al Frente Sandinista.
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El gobierno argumenta que la ley pretende combatir las «noticias falsas». No obstante, en Nicaragua todas las denuncias y críticas de los opositores y los medios de comunicación son calificadas como «falsas» pese a que existan pruebas de lo expuesto.
Los Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales rechazan los intentos del gobierno de acallar las denuncias en su contra al imponer con esta ley varios años de cárcel y severas multas a los medios de comunicación y a los periodistas. El proyecto establece “dependiendo del tipo penal” desde «2 hasta 10 años de prisión” y “entre 200 y 600 días multas”.
«Quedó a como llegó»
El diputado Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que la iniciativa de ley no sufrió mejor dicho ningún cambio en las comisiones.
«Prácticamente quedó a como llegó. Hay algunas adiciones de forma y muy pequeñas. Por ejemplo el artículo 30, el 25, pero especialmente el 30 que tiene que ver con la información falsa quedó totalmente íntegro, por tanto podemos decir que la iniciativa no sufrió cambios sustanciales en las comisiones que nos tocó ver», resaltó.
Diputados liberales se opusieron
Ante ello los diputados del PLC emitieron un voto razonado rechazando la totalidad del dictamen favorable. Los suscriptores de este voto razonado fueron los diputados Maximino Rodríguez y Jimmy Harold Blandón Rubio, de Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos; María Fernanda Ernestina Flores Lanzas y Lester Adrián Villareal Pérez, de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social; y Reynaldo Altamirano Alaniz de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.
Los legisladores argumentan su oposición a que la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos viola la Constitución Política y los derechos y garantías del pueblo Nicaragüense.
“Nos oponemos en lo particular al artículo 30 de la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, dictaminado por la mayoría de los diputados oficialistas, pues consideramos que dicho articulado violenta los derechos humanos y constitucionales que tenemos los ciudadanos nicaragüenses a la libertad de expresión establecido en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, ya que viene a crear un obstáculo a la labor que ejercen en general los distintos medios de comunicación social, impresos, radiales, televisivos y digitales”, expresan.
Los medios de propaganda oficialista fueron los consultados durante la supuesta consulta de la Ley de Ciberdelitos
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Inhibe el derecho a la denuncia
Resaltan además que con la ley a los ciudadanos nicaragüenses dentro y fuera del país, “se les inhibe del derecho de denunciar a través de cualquier medio de comunicación, las anomalías y arbitrariedades que cometan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, lo cual es fundamental en todo Estado Social y Democrático de Derecho”. Los diputados recuerdan que el artículo 66 de la Constitución estipula que los nicaragüenses tiene derecho a informarse de manera privada y colectivamente.
Los diputados liberales recuerden que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) sólo está facultado para ser el rector de otorgar los permisos sobre el manejo y control de las empresas de telefonía, radiales, televisivos, pero no de los espacios digitales, ya que carece de una ley específica para regular las plataformas donde se alojan las redes sociales.
La iniciativa de Ley podría ser presentada esta semana entrante ante el parlamento controlado por la mayoría oficialista.
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