Parlamento Europeo pide a UE aprobar ampliación de sanciones a Ortega y su círculo íntimo

Eurodiputados deciden adoptar sanciones contra la familia Ortega- Murillo, así como suspender visados a altos funcionarios y coordinar esfuerzos para bloquear operaciones financieras ilícitas del circulo cercano a la pareja presidencial.

Luego que el Parlamento Europeo analizara el contexto represivo y de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, dio a conocer la resolución conjunta que someterá a votación de manera urgente para su aprobación el próximo 8 de julio en el que piden sanciones directas para Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a su familia y allegados,  sin «dañar al pueblo nicaragüense».

El documento propone que la Unión Europea (UE) continúe con la ayuda humanitaria al pueblo nicaragüense haciéndola llegar «a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades» sandinistas, debido a que el gobierno de Nicaragua ha irrespetado el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica tras la aplicación de legislaciones arbitrarias y persecución a opositores.

«Pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el Presidente y el Vicepresidente de Nicaragua y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense; subraya la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la UE (…) llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar el impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria» dicta la resolución.

Vigilar operaciones ilícitas del régimen

La UE «pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas originadas en el régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores y sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos», agrega la resolución.

El documento contempla que es necesario que la Delegación de la UE en Nicaragua y a sus Estados miembros «faciliten la expedición de visados ​​de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos».

Eurodiputados votarán el jueves 8 de julio por sanciones contra Ortega

Luego de discutir las medidas represivas que Ortega ha adoptado desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018 hasta las detenciones a líderes opositores bajo leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de cara a las elecciones presidenciales, los eurodiputados concluyen que es necesario liberar «de inmediato a todos los presos políticos, levantar el estado de sitio de facto, establecer un diálogo como única salida pacífica a la crisis, y realizar cambios inmediatos a la Ley Electoral».

El Parlamento Europeo pide garantizar elecciones libres y transparentes a través de observación nacional e internacional, de lo contrario, los estados miembros podría desconocer los resultados de los comicios presidenciales del 7 de noviembre.

“Nombren a personas imparciales en las distintas estructuras electorales, restablezcan el estatuto jurídico de las partes a las que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos, y garanticen la observación” agrega la resolución.

Nuevas  leyes incumplen «los derechos y libertades de los nicaragüenses»

Tras la revisión detallada de la Constitución Política de Nicaragua por la aprobación y reforma de leyes, el parlamento concluye que se debe derogar «la adopción y aplicación de leyes restrictivas y punitivas; leyes que van en contra de los derechos y libertades de los nicaragüenses consagrados en la Constitución de la República de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y otros tratados internacionales de los que Nicaragua es signataria».

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De igual manera, el Parlamento exigirá que se respete «la función de la policía como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa, desarmar a las fuerzas paramilitares, respetar los acuerdos firmados con la Alianza Cívica y restablecer los derechos de los ciudadanos».

Además, exige al mandatario sandinista que permita el ingreso al país a organismos y entidades defensoras de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Grupo Especial Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para supervisar investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas de la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta responsabilidad de altos funcionarios policiales por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del 2018.

 

UE alertó sobre situación en Nicaragua

Este 6 de julio, José Ramón Bauzá, uno de los eurodiputados más críticos a la administración Ortega-Murillo expresó que hace un año advirtió al Parlamento Europeo que «ni Ortega ni Murillo tenían la menor intención de negociar, lo que pretendían era atrincherarse en el poder» y lamentó que eso haya ocurrido sin que se hayan ejecutado acciones desde ese órgano multinacional para impedir que el mandatario sandinista llegara hasta estos extremos. ¿Qué espera la Unión Europea para reaccionar?, se preguntó el europarlamentario.

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Por su parte, Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores dijo que Daniel Ortega ha dado «una clara imagen de represión y autoritarismo que (…) acompaña con una retórica agresiva» y aseguró que a pesar de los intentos de la Unión Europea por montar un diálogo el mandatario sandinista no ha mostrado interés en querer dar una salida pacífica a la crisis.

En un acto público del sandinismo presidido por Ortega junto a su esposa Murillo el pasado 23 de junio, dijo que «estamos juzgando a criminales» refiriéndose a los arrestos violentos y arbitrarios por la Policía Nacional tras investigaciones del Ministerio Público bajo la Ley de Soberanía, que mantiene a 26 personas detenidas sin derecho a abogados y visitas familiares.

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