Como si fuera juez o Fiscal, Francisco Javier Díaz, director general de la Policía Nacional y consuegro de Daniel Ortega, aseguró que cuenta con las pruebas necesarias para que los opositores – quienes son acusados de «conspiración» – permanezcan detenidos en las cárceles y enjuiciados por «la Ley».
Díaz explicó que «la facultad de la policía es investigar, el Ministerio Público de acusar, y el Poder Judicial de determinar si es inocente o si es culpable», sin embargo, adelantó que como autoridades ya tienen «las pruebas suficientes» para continuar el proceso de acusaciones contra las treintena de opositores detenidos entre junio y agosto de 2021.
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«Seguimos investigando, tenemos las pruebas suficientes para que estos terroristas, estos vándalos, estos golpistas, les caiga el peso de la Ley«, dijo Díaz en entrevista al oficialista Canal 13, propiedad de Camila Ortega, hija de la pareja presidencial.
Ortega premia fidelidad de la Policía Nacional
En conmemoración al 42 aniversario de fundación de la Policía Nacional, su director general reafirmó su respaldo «revolucionario» al presidente Daniel Ortega, quien ha sido señalado de cometer violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018.
Díaz reveló que Ortega ha aumentado entre cuatro a cinco veces el salario o presupuesto de la Policía Nacional durante los últimos cinco años. Esto también incluye, programa de viviendas a más de cien agentes policiales que han sido «beneficiados» en lealtad al partido de gobierno.
«Entre los últimos dos años, hemos construido 121 unidades de policía (…) y estamos inaugurando una unidad de policía semanalmente», celebró el director general de esta institución, mientras el país se sumerge en una crisis política y económica de cara a los comicios electorales de noviembre próximo.
Sanciones a la policías por asesinatos desde 2018
Paradójicamente, Díaz dio a conocer que un total de 22 agentes policiales, entre ellos, dos mujeres, fueron asesinados y quemados «por el intento golpe de estado», mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó más de 328 nicaragüenses asesinados con armamento de guerra, y miles de heridos, durante el plan de levantamiento de tranques encabezado por «paramilitares» y agentes de la fuerza policial.
Por ello, Estados Unidos sancionó a la institución policial en Nicaragua, y la Unión Europea sancionó individualmente a Francisco Díaz, tras constatar que “no se han realizado avances tangibles en democracia y derechos humanos” posteriormente al estallido social de 2018.
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Y en relación a lo sucedido, en medio de demandas internacionales, Díaz cree que Nicaragua «sigue siendo el país más seguro de Centroamérica», luego que la más reciente encuesta de M&R consultores – señalada por su afinidad con el partido de gobierno – indicara que siete de cada diez nicaragüenses se sienten satisfechos con el servicio que brinda esta institución en el país.
Sin embargo, la realidad nicaragüense es interpretada de diferente formas, sobre todo tras la «masacre» de 2018 y la más reciente, ocurrida el 23 de agosto en los territorios Mayangna por colonos invasores de tierras para al expropiación de madera preciosa y oro. Un total de 15 indígenas fueron asesinados, mientras la policía y el Ejército callan sin abrir ningún tipo de investigaciones.
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