El Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó este lunes en su lista de sancionados al Ministerio Público de Nicaragua, así como también a nueve funcionarios funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre los que están tres destacados alcaldes sandinistas.
Estados Unidos indica que los funcionarios sancionados «son partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas», y afirma que hay «varias personas implicadas en actos de violencia contra manifestantes pacíficos durante las manifestaciones de Nicaragua de 2018».
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La administración Biden recuerda que Ortega y Murillo orquestaron el 7 de noviembre una pantomima de elección, que no fueron ni libres ni justas ni democráticas. A la vez denuncia que desde mayo han sido encarceladas casi 40 figuras de la oposición, entre ellos siete aspirantes presidenciales, a lo que se suma el bloqueo de la participación de los partidos políticos opositores.
“Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega, al vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”, dijo Andrea M. Gacki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Estas razones por las que EEUU decidió sancionar a la Fiscalía y a los otros nueve colaboradores claves de Ortega:
Ministerio Público
Esta institución fue designada como cómplice y responsable de haber participado directa e indirectamente «en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua».
«El Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido
postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere “traidora”, como las que defienden la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense», indica EEUU.
Destaca que entre los casos llevados por la Fiscalía están los dos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Igualmente destaca que entre los casi 40 arrestados desde finales de mayo, hay líderes de la sociedad civil, líderes del sector privado, estudiantes y periodistas.
La Fiscalía bajo el mando de Ana Julia Guido ha perseguido a los opositores al régimen de Ortega.
Luis Ángel Montenegro
Montenegro, como Superintendente de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), «ordenó a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055 por ser objeto de una investigación».
EEUU asegura que «en abril de 2020, la SIBOIF emitió un reglamento que implementa las enmiendas de febrero de 2020 a la Ley para la Protección de Consumidores y Usuarios, que prohíbe a los bancos en Nicaragua, sin una razón reconocida por la ley nicaragüense, negar servicios financieros a los clientes, incluidos los designados por la OFAC. personas».
José Adrián Chavarría Montenegro
Este es el Viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, a quien Daniel Ortega le traspasó los poderes de firma luego de que en mayo del 2020 EEUU sancionó al titular de esa cartera, Iván Acosta.
«Chavarría reemplazó, como miembro del directorio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, al designado por Estados Unidos, Iván Adolfo Acosta Montalván, quien organizó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega», explica el gobierno estadounidense.
Reino Unido sanciona a funcionarios de Ortega
Rodolfo Francisco López Gutiérrez
López Gutiérrez es director gerente de la Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR) y EEUU lo sancionó «por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007».
José Antonio Castaneda Méndez
José Antonio Castañeda Méndez es el Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía y está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
Mohamed Farrara Lashtar
Este es sobrino del fallecido dictador libio Muhamad Gadafi. Lashtar se desempeña como embajador de Nicaragua en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Lashtar está designado por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como tal en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007″, indica EEUU.
Salvador Mansell
Salvador Mansell Castrillo, Ministro de Energía y Minas, fue sancionado igualmente «por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua» o por haberse desempeñado como funcionario «en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007».
Alcalde de Matagalpa
La nueva lista de sancionados también incluye a alcaldes. Uno de estos es el poderoso alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledon Rocha. Estados Unidos explica que además de ser funcionario gubernamental, «Zeledón contribuyó a la violencia infligida contra las manifestaciones de ciudadanos nicaragüenses que comenzaron en abril de 2018».
«Estaba vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía pro-Ortega y grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes», afirma.
Alcalde de Jinotega
Otro de los sancionados es Leonidas Centeno Rivera, el Alcalde de Jinotega. «Centeno está directamente vinculado a instancias de represión en Jinotega durante las protestas de 2018». En particular, los ataques con armamento pesado llevados a cabo por paramilitares que mataron a cuatro personas. El gobierno de Biden asegura que personal de la alcaldía dirigida por Centeno participaron activamente en la represión de los manifestantes.
Alcalde de Estelí
El tercer alcalde sancionado es Francisco Ramon Valenzuela Blandon, de Estelí. Estados Unidos asegura que «la oficina de Valenzuela» ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes durante las protestas de 2018.
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