La Asamblea Nacional culminó el periodo de supuestas consultas y evaluación de las leyes que ha utilizado la justicia sandinista para encarcelar a opositores a la dictadura de Daniel Ortega.
Hace unas semanas el Parlamento informó que haría una serie de consultas para evaluar las leyes de Ciberdelitos y Ley de Agentes Extranjeros, pero principalmente la Ley 1055 o Ley de Soberanía.
En una consulta de la Asamblea, Poder Judicial considera «completa» la Ley de Ciberdelitos
Después de autoconsultas que incluyeron a funcionarios del Poder Judicial y supuestas víctimas de la crisis de abril de 2018 el régimen anunció el fin de la serie de consultas de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Ahora aseguraron que se tomará un tiempo para analizarse los resultados «y brindar recomendaciones a los diputados si reformar o no las ya mencionadas leyes».
De acuerdo con el portal de la Asamblea Nacional, el policía Víctor Quiroz, identificado como supuestamente víctima «del fallido intento de golpe de estado en 2018», fue una de las últimas personas consultadas.
«Los diputados y diputadas de las Comisiones Parlamentarias realizarán un informe final con las conclusiones y recomendaciones sobre las normas que son aplicadas a personas que cometen crímenes de odio, que utilizan financiamiento extranjero para menoscabar la soberanía nacional, o que incitan a organismos o gobiernos extranjeros a sanciones e invasiones militares al país», dice el texto.
Reformas no serán para bien
El político José Dávila ex director ejecutivo de la Alianza Cívica, mencionó que no es de extrañar que se den reforma a estas normativas y que sean peor aún.
«Las reformas a esas leyes represivas no serán para el bien de Nicaragua, su libertad y su democracia. Su totalitarismo y el auto convencimiento de que su modelo cerrado y sectario es lo mejor para el futuro de los nicaragüenses, los ha cegado, y han llegado al no retorno, y van a “matar o morir”, menciona.
Al mismo tiempo Dávila considera que si estas normativas se reforman, limitarán completamente los espacios de protesta de la población pues evidencia, una vez más, que lo que Ortega pretende es construir una Nicaragua qué se rija completamente a las cosas que él y su administración consideran correctas y no a las que realmente lo son.
«Su concepción hegemónica y autoritaria los lleva a evitar el pluralismo, la diversidad de pensamiento, la crítica, la disidencia y el que no piense como ellos está marcado para ser víctima de su exclusión o persecución. Ya no pueden retroceder», señala.
¿Con quién se consulta?
Gonzalo Carrión defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, explica que este proceso en el que se busca una reforma a esta leyes es unilateral ya qué las personas de las que se obtienen testimonios son los mismos «verdugos» de los opositores.
«Es un diálogo entre ellos mismos. Entre los principales operadores de instituciones que están encargadas de la sistemática represión en la que están ya hace casi cuatro años; O sea, entre quienes persiguen, acusan y establecen delitos, y quienes establecen sentencias oprobiosas. Es una verdadera ignominia», señala.
Al igual que Dávila Carrión señala que el objetivo de estas leyes y esta reforma que se pretende es intentar a callar lo más que se puede a la población, «incrementar la opresión en el país cierra comillas.
Pero también concluye en qué estas leyes se aprueban y se consultan entre ellos mismos debido al rechazo que hay para estas normativas tanto aló nacional como por parte de la comunidad internacional.
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