El edificio del diario La Prensa de Nicaragua, ha quedado “bajo resguardo” de la Policía Nacional, tras una orden judicial dictada por la jueza Nadia Tardencilla, informó a la Voz de América el editor en jefe del periódico Eduardo Enriquez.
La medida se da tras la condena a nueve años de cárcel para su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, este 31 de marzo luego de ser declarado culpable del supuesto delito de lavado de dinero.
La directriz dictada por la jueza Tardencilla es traducida por algunos abogados como una “confiscación de facto”, similar a lo ocurrido con otros dos medios de comunicación en Managua que permanecen tomados por la Policía: la televisora 100% Noticias, dirigida por el periodista Miguel Mora actualmente preso y el semanario Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro.
¿Cuál será el futuro de La Prensa tras la previsible condena a su gerente general?
La sede del diario La Prensa permanece bajo el control de la Policía desde el 13 de agosto del año pasado que se inició la investigación. Tras el allanamiento, el gobierno de Ortega argumentó el supuesto delito de lavado de dinero, durante un acto público transmitido en la televisora estatal poco después de que el edificio fuera ocupado durante un operativo policial.
El editor jefe de La Prensa, Eduardo Enriquez, explica que no hay razón para este «resguardo» porque a su criterio, en el juicio no se presentaron pruebas del supuesto «lavado» del que se le acusó a Juan Lorenzo Holmann, mucho menos que “ese inexistente lavado haya sido relacionado con las instalaciones de La Prensa”.
Fachada del edificio donde antes operaba el Canal 100% Noticias en Managua, que fue ocupado por el gobierno de Daniel Ortega tras apresar a sus directores. Foto archivo, Houston Castillo, VOA.
La ocupación del periódico no solo impacta la operatividad del periódico, sino que pone en riesgo sus archivos guardados en su hemeroteca física, donde se encontraban valiosas ediciones en papel que están en manos prácticamente del gobierno.
“Toda la hemeroteca física, o sea, las ediciones en papel, está en manos de ellos, desde la primera edición del 2 de marzo de 1926 hasta la última que logramos publicar el 13 de agosto de 2021. Dudo que tengan la suficiente sensatez para cuidarla apropiadamente, solo tenés que ver el estado en que está la bandera de Nicaragua al frente del edificio, que se ve desde la calle, para juzgar cómo estará el resto de las instalaciones y lo que hay adentro”, dijo Enriquez a la Voz de América vía telefónica.
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Enriquez asegura que previendo alguna acción contra el diario, se tomaron medidas semanas antes para continuar publicando en la plataforma digital que es donde los periodistas continúan trabajando, pero afirmó que la condena y ocupación de la instalación complicó el trabajo de La Prensa.
“La ocupación de La Prensa y las amenazas a los trabajadores nos dejó sin departamentos enteros dentro de la empresa. Además, la ocupación de los edificios impide que continúen las operaciones normales. Por ejemplo, ya no solo estamos imposibilitados de publicar el diario (…) sino [que] la empresa no puede operar la imprenta comercial”, agregó Enríquez.
SIP gestionará que se interrumpa el flujo de créditos al gobierno de Nicaragua
El panorama del periodismo en Nicaragua es visto con preocupación, indicó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), quien asegura que las “confiscaciones” de los medios tiene la intención de acallar las voces críticas que puedan cuestionar el discurso oficial del matrimonio gobernante.
“La intención, no ha sido otra más que silenciar, que acallar, que censurar y es una acción totalmente ilegal porque todos los parámetros internacionales en materia de libertad de expresión y de prensa, vedan esta posibilidad de que la justicia avance sobre los bienes que están afectados a la producción de contenidos”, afirma Jornet vía Skype a la VOA.
El experto indica que en base a su Índice Chapultepec, mediante el cual se hace una medición anual de una serie de parámetros sobre la libertad de expresión y de prensa, Nicaragua siempre se ha ubicado en el pelotón de los tres últimos países de la región, junto con otras dos naciones cuyos desempeños muestran un retroceso en estos indicadores democráticos: Cuba y Venezuela.
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“Creemos que este verdadero triángulo de las Bermudas donde naufragan la libertad de expresión y de prensa se está llevando hasta las últimas consecuencias”, agrega Jornet.
El experto de la SIP afirma que el juicio contra Holmann “es grave desde todo punto de vista” y tiene consecuencias fuertes porque impacta al último diario impreso que quedaba en Nicaragua. Por tal razón, indica que en la próxima asamblea de la organización se dedicará un capítulo para hablar únicamente de este caso con familiares y colegas de personas “perseguidas por el régimen”.
La Prensa fu tomada de facto el viernes 13 de agosto de 2021. Foto | NI
Jornet explicó además que se está pensando en gestionar ante organismos internacionales multilaterales las vías para interrumpir el flujo de créditos al gobierno de Nicaragua “motivado por razones humanitarias”.
“Es una forma también de avisarle al régimen que la comunidad internacional no está dispuesta a seguir avalando ese tipo de prácticas que lamentablemente se empiezan a reproducir en otros países de la región y que no quisiéramos que se llegara a estos extremos que está viviendo Nicaragua desde hace un tiempo”, concluyó.
La situación de la prensa en Nicaragua se complicó a raíz de la crisis sociopolítica en 2018 que estallaron las protestas contra el mandatario, sin embargo desde su retorno al poder en 2007, comenzó una guerra para «asfixiar» a los medios críticos a su administración.
De hecho a un mes después del retorno de Ortega al poder, en 2007, la vocera del gobierno y esposa del mandatario, Rosario Murillo, estableció la llamada “Estrategia de Comunicación” que establecía que la información oficial debía salir “incontaminada”.
Para lograr esa pureza -sostuvo- informarían únicamente por los medios creados por el gobierno sandinista. Desde entonces, se prohibió el ingreso de la prensa independiente a conferencias de prensa de instituciones estatales e incluso a los eventos de los poderes del Estado.
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