El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer este martes su informe sobre prácticas de derechos humanos 2021, en el que critica una vez más a la dictadura nicaragüense.
«Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral del país», subraya.
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Estados Unidos destaca que en noviembre del 2021 Ortega «se adjudicó un cuarto mandato consecutivo» luego de «encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición, prohibir la participación de todos los partidos políticos de oposición creíbles, bloquear los esfuerzos legítimos de observación internacional y cometer un fraude electoral generalizado».
«Los grupos de observadores independientes y las organizaciones internacionales caracterizaron el proceso electoral como gravemente defectuoso, carente de credibilidad y definido por una participación electoral históricamente baja. Las elecciones de 2021 ampliaron la mayoría calificada del partido gobernante en la Asamblea Nacional, lo que anteriormente permitió cambios en la Constitución que ampliaron el alcance del Poder Ejecutivo y eliminaron las restricciones a la reelección de alcaldes y funcionarios del poder ejecutivo», indica el informe.
También se destaca graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen a lo largo de los últimos años, como también que «no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos» durante las protestas antigubernamentales del 2018.
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«El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad para los violadores de derechos humanos que le eran leales», expresa.
Estados Unidos subraya violaciones a los derechos humanos como «ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales».
Igualmente señala arrestos y detenciones arbitrarias, represalias por motivos políticos contra personas ubicadas en otro país, problemas con la independencia del poder judicial, restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, interferencia con los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, restricciones para la organización, financiación y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, hostigamiento, intimidación y violencia contra supuestos enemigos del régimen, entre otros.
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