El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, informó este lunes que a 93 funcionarios del régimen de Daniel Ortega le fue impuesta restricción de visa, debido a su papel en el socavamiento de la democracia en Nicaragua.
Los funcionarios desvisados son fiscales, jueces, miembros de la Asamblea Nacional, y funcionarios del Ministerio de Gobernación.
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«El Departamento de Estado está tomando medidas adicionales para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que socavaron la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior», indica el comunicado de la administración Biden.
En su cuenta de Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que su país se mantiene firme «contra los abusos de los derechos humanos y la represión y el desprecio del pueblo nicaragüense por parte del régimen de Ortega-Murillo». «Para reiterar nuestro compromiso el Departamento de Estado impuso restricciones de visa adicionales a quienes han socavado la democracia en Nicaragua», saludó.
The U.S. stands strong against the Ortega-Murillo regime’s human rights abuses and repression of and disregard for the Nicaraguan people. To reiterate our commitment @StateDept imposed additional visa restrictions on those who have undermined democracy in Nicaragua.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 13, 2022
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En el comunicado Estados Unidos afirma que sigue «profundamente preocupado» por los presos políticos y por «los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil».
«Los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior (Ministerio de Gobernación) permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal», explica.
La administración Biden una vez más pidió «la liberación inmediata e incondicional» de los presos políticos y el «restablecimiento de la democracia y el estado de derecho en Nicaragua».
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