Una buena parte de los conductores de vehículos en Nicaragua son conscientes de que las “mordidas”, “coimas”, o como usted le quiera llamar, son contrarios a la ética; sin embargo, algunos reconocen siempre andar un poco de efectivo, pues según comentaron a Nicaragua Investiga, es “más fácil darle C$500, C$300 a un policía, que dar el montón de vueltas” y pagar más.
Esa solo es una mínima muestra de como inicia la corrupción estatal desde abajo y se prolonga a gran escala en los Poderes del Estado, demás instituciones y funcionarios públicos del más alto nivel. Todo esto contrario a los códigos de ética y a la misma ética como tal, en la que estos son formados en los centros de estudios y que debería ser reforzado por todo gobierno con aquellas personas que ocupan un cargo público.
Para aplicar a un puesto estatal en Nicaragua poco sirve un currículum con estudios especializados, y qué decir de la experiencia… El régimen de Daniel Ortega engulló los valores éticos y su aplicación, y a la ahora de contratar a un servidor público prefiere a aquellos individuos que muestren un aval político emitido por su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y entre más larga es la trayectoria de lealtad, mejor.
Pese a que en Nicaragua existe la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa (No. 476), que regula los derechos y obligaciones de funcionarios públicos y que en su artículo 38 refiere la obligación de “respetar y cumplir con lealtad la Constitución Política”, en la actualidad existe un irrespeto total y violatorio a estas normas y a la Carta Magna, según explica el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano.
“El gobierno de Daniel Ortega ha criminalizado el estado de derecho democrático, subordinando la Constitución y el trabajo de los funcionarios públicos a ser leales al andamiaje que crearon bajo las leyes inconstitucionales como la del menoscabo a la seguridad del Estado y otras más, y utilizado la estructura judicial y policial para controlar el país. Nicaragua es un país que vive bajo las tres M: mentira mediática, miedo policial, y mordaza social”, explica Orozco.
El politólogo, que ha estudiado de cerca lo que ocurre en Nicaragua, detalla que en el país existe un “clientelismo político” en el que los funcionarios que quieren estar en buen estatus “subordinan sus obligaciones legales, al aparato judicial y policial” y que si bien hay un grupo que no quiere ser cómplice del sistema, se ven obligados a mantenerse en sus puestos “por temor a represalias contra ellos o sus familiares”, lo que hace que estos también comprometan sus valores éticos.
¿Qué es la ética?
Pero en sí ¿qué es la ética?, ¿desde cuándo se conoce? y ¿cómo pretende regular un Estado?
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de ética como un “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. Se conocen reflexiones sobre ella desde el siglo V antes de Cristo, en la Antigua Grecia, y entre sus estudiosos se encuentran los pensadores Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde entonces ha tratado de estudiar el comportamiento humano y su relación con las ideas del bien y del mal. De ahí los Estados han establecido una serie de normas con las que los ciudadanos deben cumplir.
Si bien todo el Estado como tal debe velar por la ética, existen órganos rectores que deben fiscalizar el uso de los recursos estatales y el cumplimiento de valores para evitar la corrupción. En Nicaragua están principalmente la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, los cuatro poderes que forman el aparato estatal y otras instituciones, todas ellas carecen de independencia y obedecen a los lineamientos de la dictadura Ortega-Murillo.
“La ética es hacer lo correcto aún teniendo la oportunidad de hacer lo incorrecto. Una persona que fue educada sabiendo que el robo no es correcto no va a tomar ni un peso cuando esté en un lugar donde hay millones y nadie lo vigila y nadie se va a dar cuenta si lo tomó”, explica a Nicaragua Investiga un docente que ha dedicado su vida a la formación terciaria en esta materia y que por temor a represalias, prefiere omitir su nombre.
La fuente, quien se formó y trabajó durante años en una universidad estatal, explica que nunca supo que los gobiernos impartieran ética a sus empleados, pero tampoco lo descarta.
Capacitaciones sobre ética
Una de las instituciones que sí habría impartido capacitaciones y seminarios sobre ética, a sus colaboradores, al menos hasta 2016, es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua). En su sitio web consta una publicación en la que expresan haber capacitado a estudiantes, trabajadores docentes y personal administrativo en temas de “principios, normas de conducta y valores éticos”.
“Durante la capacitación se abordaron aspectos como, ética y moral, los objetivos y ámbito de aplicación del código, principios fundamentales, normas de conductas comunes, normas de conductas para el personal académico, administrativo y estudiantil, uso y resguardo del patrimonio universitario, elementos jurídicos para prevenir y evitar conflictos”, detallan el sitio web de la UNAN.
Contrario a ello, la fuente consultada por Nicaragua Investiga explicó que durante sus años de trabajo constató que “la ética profesional o personal no es una preocupación en las instituciones del Estado” y que más bien tanto en Nicaragua como en Latinoamérica, los funcionarios “llegan al gobierno y sus instituciones buscando el botín y no desaprovechan oportunidades para obtener lucro personal”.
Además de la UNAN – Managua, la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) también ha hecho públicas las capacitaciones impartidas a sus colaboradores en temas de principios, valores y conductas éticas, según se puede constatar en una publicación de octubre de 2020, en su sitio web oficial.
“Entre los temas que reciben los trabajadores seleccionados se encuentra: Inteligencia Emocional, Relaciones Humanas y Trabajo en Equipo, Valores Éticos en atención a la población, Buen trato al ciudadano, Principios y valores que rigen al actuar de los servidores públicos, así como Faltas y delitos contra la administración pública”, reza el artículo.
Otra de las instituciones estatales que ha impartido capacitaciones sobre estos temas es el Poder Judicial, que desde la aprobación de su Código de Ética el 12 de septiembre de 2011 lo ha divulgado en distintos artículos en su sitio web, el más reciente fue en septiembre de 2021.
Códigos de ética carecen de procesos para sancionar
El abogado Yader Morazán trabajó durante años en el Poder Judicial, fue testigo de estas capacitaciones promovidas por la magistrada Ligia Molina Argüello, encargada en llevar a cabo el proceso de divulgación, sensibilización y capacitación del Código de Ética. Sin embargo, cuestiona que no exista un procedimiento para “sancionar a quien raya” en la ética profesional dentro de la institución, “no supieron responder cuando yo se los pregunté como abogado”, agrega.
“Lo único que se conocían eran las sanciones disciplinarias que hacía la oficina de la inspectoría judicial dirigida por Marvin Aguilar, hasta el día de hoy, y ya sabemos cuál ha sido la función de él, es secretario político de ese poder del Estado y te imaginás qué tipo de sanciones pueden existir. Pero son sanciones disciplinarias, muy diferentes a las sanciones éticas”, explica Morazán.
Así como un agente de tránsito acepta o exige una “mordida” a un conductor irrespetando la Ley de Servicio Civil, “una actividad típica y común en la historia del país” en un “suelo fértil para el clientelismo y los favores políticos dentro del Estado”, como explica Manuel Orozco, en los distintos Complejos del Poder Judicial “se sabe quienes son los jueces que hacen grandes negocios” y cometen actos de “corrupción”, detalla Yader Morazán.
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“El magistrado Bernardo Morales, de Matagalpa, él confiesa en temas de la ética e incluso dice que ‘tan corrupto es el que ofrece como el que acepta’, él se lava las manos en ese sentido y hace una confesión públicamente de manera descarada. Se sabe de muchos casos, el problema es que como esta gente es conocedora de la Ley saben como surfearla, saben como no dejar evidencias cuando comente actos de corrupción”, explica el abogado.
El nivel de corrupción en este poder del Estado es tal, que según Yader Morazán, “hay abogados que hacen negocios con los jueces y a veces las cosas no salen como ellos esperan y los reclamos son en medio de las audiencias”.
La Fiscalía General de la República
La Ley Orgánica del Ministerio Público (Fiscalía) o Ley 346, aprobada en mayo del 2000, establece que dicha institución es “independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa, que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del Fiscal General de la República. Sólo estará subordinado a la Constitución Política de la República y a las leyes”. Sin embargo, en la actualidad esto no se aplica.
El órgano ha sido señalado de cometer arbitrariedades en procesos contra presos políticos y desde la llegada al poder del régimen Ortega-Murillo, perdió credibilidad, a tal punto que la Fiscal General de la República Ana Julia Guido, fue sancionada por Estados Unidos (octubre 2020) por ser “responsable de graves violaciones a los derechos humanos”.
Para el abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, “capacitaciones éticas” en la Fiscalía “no las habrá”, pues según él lo que existe son “capacitaciones de adoctrinamiento político-partidario” vinculado al sostenimiento del FSLN y particularmente de la familia Ortega Murillo en el poder “a cualquier costo”.
“No puede existir una ética cuando lo que existe en Nicaragua es una lógica represiva y en donde lo que debería ser la práctica de una política criminal que proteja la seguridad de los nicaragüenses, que proteja la justicia, lo que vemos es la instrumentalización de los operadores de justicia, particularmente de la justicia penal con objetivo político-partidario para sostener a la dictadura”, detalla el defensor de derechos humanos.
Guadamuz expone que “no existe ningún cumplimiento a ningún código de ética” por parte de la Fiscal General ni de los fiscales del Ministerio Público y que la entidad al igual que la justicia penal, “está completamente instrumentalizada para aplicar la represión”. Alega que “son perpetradores y verdugos de la población nicaragüense”, contrario a responder a la Constitución Política y a la aplicación de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos.
Procuraduría General de la República
Con su nebulosa corrupta el régimen de Ortega ha cubierto a todas las instituciones estatales, entre ellas las que deberían luchar contra la corrupción como es el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), que cuenta con un Código de Conducta y Ética que les obliga a cumplir con valores como la legalidad y probidad que “implica una conducta recta, honesta y ética en el ejercicio de la función pública y en la correcta administración del patrimonio estatal”, así como la lealtad de “servir a los intereses del pueblo”.
En discrepancia con sus valores, la “lucha contra la corrupción” y el respeto “a la Ley”, que recalcan en su misión y visión, la PGR y expresamente su titular Wendy Morales Urbina, han irrespetado sin ningún decoro su razón de ser. La funcionaria se ha encargado de dar legalidad a las confiscaciones perpetradas por el régimen Ortega-Murillo, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política del país lo “prohíbe”.
Contrario a sus funciones de “servir a los intereses del pueblo”, la Procuraduría es señalada por organismos defensores de derechos humanos de ser parte, junto al Ejército y la Policía, de comisiones creadas por el Ministerio Público para “intimidar” a las comunidades Mayangnas y Miskitas.
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“Vemos las invasiones de colonos y las masacres cometidas contra las comunidades Mayangnas, las comunidades Miskitas en nuestro Caribe, ¿cuál ha sido la respuesta?, ¿qué hizo el Ministerio Público para atender eso?, creó comisiones con el Ejército, con la Policía y con la Procuraduría General de la República para llegar oficialmente, prácticamente para intimidar a las comunidades, que no hablen, a callarlas, a prometerles viviendas, cualquier falsa promesa con el objetivo de evitar que se realicen investigaciones que vayan a ser orientadas a encontrar a los culpables y para evitar que esos crímenes ocurran”, sostuvo el defensor de derechos humanos Carlos Guadamuz.
Contraloría General de la República
Otro de los principales eslabones perdidos que debería velar por la transparencia y evitar la corrupción, es la Contraloría General de la República conformada por cuatro miembros propietarios y tres suplentes. Su función principal es ser el “rector del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado”, pero en los últimos años su labor ha sido cada vez más ineficiente.
En 2019, por ejemplo, la institución realizó 121 auditorías, “la mitad” de las ejecutadas en 2015, según un artículo publicado en el blog del economista Enrique Sáenz en el que también se expone que en estos procesos “los jerarcas del régimen salieron impolutos. Limpios y puros. Sin excepción”.
“Mientras la corrupción marchaba a galope tendido, los flamantes contralores se abanicaban en sus laureles. Disminuía el trabajo pero naturalmente, no disminuyó el presupuesto. 240 millones de córdobas fue el presupuesto de la Contraloría en el 2019”, alega Sáenz en su artículo en el que cataloga a sus miembros como “guardianes de la corrupción del régimen”.
Consejo Supremo Electoral
Las manos sucias del régimen Ortega-Murillo han infestado todos las poderes estatales y el Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha sido la excepción, durante décadas ha sido señalado de cometer fraudes en los procesos electorales, la mayoría de ellos en favor del sandinismo.
En las elecciones presidenciales de 2022, por ejemplo, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas documentó 5,821 anomalías en las votaciones municipales, con lo que el régimen propinó una “mortal estocada a la democracia en general y al Desarrollo Local y la Autonomía Municipal en particular”.
Olga Valle, directora de Urnas Abiertas dijo a Nicaragua Investiga que no tiene información del trabajo interno que desarrolla el CSE en los que puedan corroborar que imparta capacitaciones sobre ética a sus colaboradores, pero ejemplifica con el “manual de ética electoral” aprobado para los comicios electorales, que “al igual que toda la legislación no se cumple”.
“En Nicaragua existe un estado totalitario, autoritario y centralista. Lo que implica que desde presidencia se bajan todas las órdenes que deben de cumplirse. No existe margen para que las instituciones o los funcionarios tengan un trabajo autónomo”, agregó la directora de Urnas Abiertas.
En cuanto a la prevención de la corrupción, Valle expone que debe ser un compromiso multisectorial y que no debe depender de una sola institución, pero contrario a esto “en Nicaragua todas están cooptadas por el régimen y no cumplen sus funciones” y en este sentido agrega que “la CGR, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda son centrales en este proceso”.
Y así llega un atropello tras a otro resquebrajando los últimos indicios de la ética en Nicaragua y abriendo un camino cada vez más ancho para la corrupción en un régimen autoritario “basado en el robo, la extorsión y el chantaje”, según explica el experto en ética que pidió anonimato.
“A este gobierno no le interesa que un funcionario sea honrado sino que sea leal a la familia que está en el poder, es algo así como una especie de cosa nostra, sólo premian la obediencia ciega. Las instituciones fiscalizadoras sólo están de adorno y las utilizan con fines políticos para premiar o castigar lealtades”, expone.
La Policía Nacional
Si duda, una de las instituciones más ha sido señalada de violar los derechos humanos en Nicaragua es la Policía Nacional, su Código de Ética expresa que se basa en “el respeto a la vida y a la dignidad de las personas” y que esto “es la esencia” de sus principios y valores; sin embargo, están documentadas las masacres que oficiales de la institución cometieron, entonces valdría la pena cuestionar ¿dónde está su ética?, ¿por qué la Policía no fue capaz de actuar con independencia basándose en sus valores?, la respuesta es simple, obedecen al régimen Ortega-Murillo.
El politólogo Manuel Orozco explica que “Nicaragua se ha convertido en un estado cleptocrático”. En ese mismo sentido, el abogado Carlos Guadamuz recalca que “régimen Ortega-Murillo demolió lo que son los principios, los fundamentos del derecho penal”.
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Las normativas del Estado de Nicaragua, establecen que los funcionarios que incumplan las normativas deberían ser castigados con tres tipos de sanciones, como explica el abogado Yader Morazán.
- Administrativas: suspensión o cancelación del contrato.
- Civiles: establece la obligación de indemnizar o pagar daños o del perjuicio que un funcionario haya provocado.
- Penales: podrían ser de inhabilitación del cargo y prisión en dependencia de la conducta en la forma en como se ha desarrollado.
“Cada una tiene su norma específica que lo rige, por ejemplo las leyes de carrera docente, la de carrera judicial, la ley de servicio civil y carrera administrativa tiene sus propios procedimientos, pero son sanciones administrativas, las sanciones civiles están reguladas en el Código Civil y las sanciones penales están en el Código Penal, entonces hay que ver qué tipo de violaciones cometió el funcionario y qué procedimiento se le va a aplicar, pueden ser los tres procedimientos de manera simultánea”, explica el extrabajador del Poder Judicial.
Los abogados Yader Morazán y Carlos Guadamuz coinciden en que en el Estado deben tener “una administración clara y transparente”, “un sistema de contrapesos de poderes” y “un fortalecimiento de la leyes anticorrupción” que solo se puede lograr aplicando los valores que proporciona la ética y he ahí su importancia en la creación de una estructura democrática en Nicaragua.
“Las obligaciones y derechos legales de un funcionario público son un componente intrínseco del respeto al estado de derecho y parte de los pesos y contrapesos institucionales en una democracia. La ausencia de esto deja en desamparo la transparencia y cumplimiento en el rendimiento de cuentas, concluye el politólogo Manuel Orozco.
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