El pasado 8 de marzo de 2021 un tuit del periodista nicaragüense Wilih Narváez comparó dos realidades, una en Cuba y otra en Nicaragua. Por un lado, la Policía Nacional del país centroamericano asediaba a las mujeres opositoras al gobierno del presidente Daniel Ortega mientras en la isla un grupo de seguidores del castrismo hostigaba a mujeres que se disponían a marchar.
El tuit de Narváez retrató el acorralamiento practicado desde el Estado en ambos países y demuestra una vez más el estado policial y parapolicial vigentes en Nicaragua y Cuba, dos modelos políticos destacados por ser similares en América Latina.
La casa de Violeta Granera en Nicaragua.
Situación de mujeres en Cuba.
La realidad del hostigamiento policial autoritario. Brazo represor de las dictaduras utilizando el mismo método. pic.twitter.com/YtbVWlzMWB
— Wilih Narváez (@wilihnarvaezG) March 8, 2021
La nueva Ley de Ciberdelitos podría provocar que denuncias en redes sociales como la de Naváez sean consideradas un peligro para el gobierno sandinista que encabeza Ortega.
En su artículo 30 la ley dice textualmente que quien “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se le impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”.
De acuerdo a expertos locales, la ley, aprobada con 70 votos a favor de 92 posibles, deja una serie de vacíos legales porque no aclara quién resuelve qué o cual noticia es falsa o qué provoca zozobra y alarma.
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Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), un organismo confiscado recientemente por el gobierno de Ortega, tiene claro el objetivo de la controversial ley.
“El riesgo gravísimo es la arbitrariedad con la que este gobierno actúa en cualquier momento te dice que eso que están diciendo es falso y te pone pena (judicial) aunque no exista en el Código Penal ningún delito que establezca que una noticia se llame noticia falsa” afirma.
Núñez de Escorcia argumenta que la ley es “como una amenaza y la gravedad de la misma es que está sujeta a la discrecionalidad, que no se establecen ni los parámetros ni los límites hasta donde llega una noticia para considerarla verdadera o falsa”.
Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Nicaragua Investiga/NI
De acuerdo a la defensora de derechos humanos debería existir una autoridad que valore una serie de circunstancias, parámetros para establecer ese límite entre la verdad y la mentira o entre la verdad y la alteración de un hecho.
“Una noticia es un hecho, la noticia traslada al público un hecho que aconteció. Entonces tenemos que pensar que estamos frente a una verdad, catalogar esa verdad que el periodista traslada a su medio de comunicación, catalogarla como falsa no puede ser así porque a la Rosario Murillo o al gobierno se le ocurrió porque hay una ley que establece noticias falsas” afirma.
No obstante, el mismo día de la aprobación de la polémica ley, los diputados sandinistas se ofrecieron a defender la normativa alegando que no se está “inhibiendo la libertad de expresión” y que más bien se defiende a los sectores “vulnerables” de la sociedad.
Imagen del folleto difundido por la presidencia nicaragüense que muestra al presidente Daniel Ortega (der.) escuchando a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo pronunciando un discurso, en la Plaza de la Revolución, el 2 de septiembre de 2020. AFP/NI
“Creemos que estamos haciendo un parteaguas en la historia de este país, estamos aprobando una ley absolutamente necesaria para defender a grandes sectores vulnerables de la sociedad nicaragüense y los únicos que pueden estar en contra de una ley de este tipo son aquellos que quieren seguir fomentando el odio, la desinformación, la destrucción, el terror y la muerte” declaró el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez en el debate abierto sobre la discusión de la ley y uno de los que votó a favor de su aprobación.
La Ley no es el problema en sí misma
El abogado nicaragüense, Yader Morazán, es de la idea de que la Ley Especial de Ciberdelitos, como se llama oficialmente, no es un problema en sí misma ya que expone buenas intenciones.
“El problema no es la ley, el problema es la aplicación de la ley porque en el texto la ley tiene un buen fin, un buen propósito. El problema es que estas leyes creadas en un contexto de represión y dictaduras, obviamente obedecen a intereses de un Estado policíaco, de persecución, de limitar la libertad expresión. Entonces ahí está el problema” menciona Morazán.
Según este abogado, quien trabajó durante muchos años en el Poder Judicial nicaragüense, la ley también le sirve a Ortega para fiscalizar la fuga de información desde las instituciones del Estado.
“La diferencia con el contexto actual es que tiene un marco jurídico para criminalizar esa fuga información que antes no la tenía, entonces lo que hacen es cómo meditar pues la idea es como amedrentar y es parte del Estado policíaco en que no encontramos, es parte de esa tendencia política que está impulsando el gobierno recientemente” explica.
Imagen del edificio del Poder Legislativo en Managua. Archivo/NI
Según Morazán, el gobierno nicaragüense no dudará en aplicar la ley cuando estime conveniente, aunque advierte que primero ensayará, como medida preventiva, la reacción social interna y de la comunidad internacional.
“El régimen siempre ha aplicado la filosofía de ensayo. Siempre están ensayando cómo reacciona la población, cómo reacciona la comunidad internacional, pero con un régimen que ha privado de la vida cometiendo delitos de carácter universal todo se puede esperar” sentencia.
Una ley «siniestra» en todas sus formas
Guillermo Medrano, quien fue coordinador de Derechos Humanos de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que echó al cierre por la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, otra de las polémicas normativas promovidas por el gobierno sandinista, considera que la ley de ciberdelitos es “siniestra” en todas sus formas.
“La ley de ciberdelitos es súper siniestra y no solamente con los medios de comunicación, sino con las fuentes informativas y cualquier persona que pueda tener en sus manos una computadora o un teléfono es sujeto sospechoso que puede ser perseguido, alcanzado, por los órganos represores, como lo es la fiscalía, la policía, que son los implementadores de la ley” argumenta.
Para Medrano esta ley viola varios tratados, acuerdos y pactos internacionales de los cuales el Estado de Nicaragua es firmante.
“El Acuerdo de Chapultepec (por ejemplo), que dice que el Estado y los Estados deben garantizar plena garantía para el ejercicio de una prensa libre y sin ninguna restricción. Eso lo firmó el mismo señor que está gobernando ahora (Daniel Ortega) en el año 2001 y, por paradojas de la vida, en la casa de doña Violeta Chamorro, cuando se presentó por cuarta vez como candidato eterno del partido de gobierno (FSLN)” recuerda Medrano.
Medrano piensa que la Ley de Ciberdelitos y otras leyes aprobadas recientemente por el legislativo carecen de rigor técnico y más bien intentan silenciar a medios de comunicación y ciudadanía en general.
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Medrano denuncia que los “articulos 28,29 y 30 son perversos, principalmente el artículo 30 porque, además, recordemos que esta ley o este combo de leyes fueron leyes inconsultas por lo tanto adolecen de rigor técnico, fueron sacadas como de la manga de la camisa y tienen nombre y apellido. El nombre y apellido es tratar de silenciar a los medios de comunicación que estos últimos 3 años que vamos a cumplir el próximo mes de la rebelión cívica de abril, se han convertido en los testigos incómodos que han venido documentando el rosario de violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos que estamos viviendo en Nicaragua”.
El artículo 29 de la Ley de Ciberdelitos indica que “quien, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, incite, instigue, provoque o promueva la comisión de delitos, ensalce el crimen o enaltezca a su autor o partícipes o se lo adjudique, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y doscientos a quinientos días multa”.
¿Copia de la Venezuela chavista?
Desde que Ortega regresó a la presidencia, en enero de 2007, muchos en Nicaragua sospechan que el líder sandinista ha venido copiando todos estos años a sus homólogos de Venezuela y Cuba en cuanto al manejo y control social de sus ciudadanos.
En Venezuela, por ejemplo, existe desde 2004 la ley de responsabilidad social de radio y televisión y de medios digitales.
El cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela. AFP/NI
De acuerdo al periodista venezolano Gustavo Ocando Alex, esta ley “fue mucho más centrada en la radio y la televisión a través de un organismo que se llama CONATEL y ese organismo es el que regula los contenidos de la radio y de la televisión en Venezuela”.
No obstante, para este 2021, el Gobierno de Venezuela aspira a aprobar una nueva ley que le permita intervenir, además de la televisión y la radio que ya controla, en las redes sociales.
“Justo ahora en el plan legislativo de 2021 del parlamento que controla ampliamente y abrumadoramente el chavismo, hay una propuesta de reforma para incluir allí el uso de las redes sociales o de los medios que solamente orbitan o publican en internet, se espera que esa ley avance en lo que es ya digamos una censura muy marcada, muy pública por parte del gobierno de Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela” cuenta Ocando desde Caracas.
En la práctica el gobierno venezolano ya es severo contra aquellos que osen saltarse el control de facto que existe sobre las redes sociales en particular y el internet en general.
Así afectará la Ley de Ciberdelitos a un ciudadano común
“Mira aquí en Venezuela ha habido no solo periodistas, sino ciudadanos detenidos, procesados ante la justicia o los tribunales militares por la publicación de un tweet, de un tweet que pueda considerar que es terrorista o que pueda considerarse que llama o invita al magnicidio. Aquí ha habido tuiteros que han sido detenidos por la publicación de un mensaje de menos de 300 caracteres” comenta Ocando.
A diferencia de Venezuela, en Nicaragua no ha habido periodistas o ciudadanos procesados por la Ley de Ciberdelitos, pero eso no evita que el periodista digital y docente Néstor Arce esté preocupado ante la amenaza latente contra ciudadanos y medios independientes.
“Evidentemente esta es una amenaza, no solamente para los medios de comunicación, sino para la ciudadanía entera, activistas, organismos, para todos aquellos que se expresen en redes sociales, en la web y tenga un discurso opositor al régimen” expresa.
Periodistas nicaragüenses cubren un evento político en septiembre de 2020. Archivo/NI
Arce cree, sin embargo, que los periodistas en Nicaragua seguirán haciendo su trabajo a pesar de la aprobación de esta ley y asegura que más bien esto ayudará a que más reporteros realicen un trabajo “riguroso” a la hora de buscar y difundir información.
“El periodista que se sienta atado con esta ley, simplemente tiene que dejar de hacer periodismo porque lo que nosotros estamos haciendo es fiscalizando al poder, buscando información, y la información que tengamos a mano la vamos a analizar y contar lo que descubramos a partir de esa información, ya sea información pública o una información filtrada” asegura Arce.
La controvertida ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa independiente de Nicaragua entró en vigencia el 29 de diciembre de 2020 y está por verse si el gobierno de Ortega la utilizará este año en que los nicaragüenses están convocados a las urnas.
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