El Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep emitió un pronunciamiento para condenar la reciente adjudicación que hizo el gobierno al Ministerio de Salud de los edificios tomados a 100% Noticias, Confidencial, CENIDH y otras organizaciones de sociedad civil, las cuales consideró confiscaciones «de hecho».
El empresariado nicaragüense asegura que este proceso violenta los «principios básicos de un estado democrático de derecho » y provoca «inseguridad jurídica e inestabilidad económica y social en el país».
Además recuerdan que en los artículos 5,44 y 99 de la Constitución Política de Nicaragua se protege el derecho a la propiedad privada y se prohíbe contundentemente la confiscación.
El Cosep llama al gobierno a cumplir con los acuerdos alcanzados en marzo de 2019 que les obligaba a devolver los bienes confiscados a los medios de comunicación y organizaciones, así como a empresarios privados que han visto miles de manzanas de tierra tomadas por precaristas progobierno.
El estallido social de 2018 inició luego que el gobierno rompiera el llamado modelo «diálogo y consenso» que sostenía con el empresariado al aumentar la cuota laboral y patronal del INSS sin consulta previa. Desde entonces las tensiones entre estos dos antiguos aliados escaló al punto que Ortega les acusa de ser promotores de «un fallido golpe de Estado» y hasta amenazó con enviar a la policía a aquellos negocios que decidieran sumarse a un paro nacional.
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