Corrupción, desconfianza en las instituciones públicas, inconformismo con sus gobiernos y la negligencia de los mismos para resolver los problemas básicos de la población son los motivos que han llevado a la boliviana Pamela Flores y la peruana Micaela Rodríguez a salir a las calles a protestar, hechos que, según analistas consultados por la Voz de América, se agudizarán tras la pandemia y el crítico periodo económico que transita la región.
Flores, una abogada que habla con indignación, al recordar los episodios que ha vivido en su tierra dice que cree en la protesta porque es una opción democrática y porque espera lograr un mejor futuro: “Queremos obviamente, que Bolivia sea una mejor Bolivia Eso es lo que estamos pidiendo”.
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Un sentimiento que comparte la estudiante de Administración y Emprendimiento, Micaela Rodríguez. Vive en Lima y se describe, además, como promotora de los derechos de las mujeres. Aunque se ha manifestado en otras oportunidades, recientemente ha protestado en contra del gobierno de la presidente Dina Boluarte, al que ella califica como “ilegítimo”.
Y el panorama, dicen analistas, no es alentador.
A medida que la gente sienta más libertad de salir, tras los confinamientos generados por la pandemia, “vamos a ir viendo más y más protestas en la región”, debido a que “entramos en una década muy compleja, de bajo crecimiento, de recesiones, de conflictos económicos y de complejidades políticas”, con democracias debilitadas, explicó a la VOA Marta Lagos, directora de Latinobarómetro.
Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, la región vivirá un periodo de “mucha turbulencia social”.
“Estamos viendo el ascenso nuevamente al poder de presidentes progresistas o de centro izquierda y con los cuales la ciudadanía tiene mucha expectativa… con estos gobiernos, en cuanto a satisfacción de necesidades básicas y, en la medida en que esas expectativas no se cumplan, vamos a tener gente movilizándose en la calle”, agrega el analista, quien enfatiza que. desde ya, hay tensiones en países como Chile y Colombia, con sus actuales mandatarios y se espera suceda lo mismo en Brasil.
Por lo cual, “aquí lo que uno esperaría es un fortalecimiento del Estado, la capacidad institucional del Estado y, en la medida en que esos estados sean fuertes, la gente se va a haber menos tentada a salir a la calle”, agrega el académico.
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¿Por qué protestar?
Desde hace seis años, Pamela Flores, presidenta de la plataforma ciudadana Hijos de la Patria, se ha volcado a las calles en Bolivia. Primero, en 2016, en contra del referéndum del expresidente Evo Morales, que buscaba su reelección el cual fue rechazado; luego, en 2019 para repudiar los resultados de elecciones presidenciales de 2019 y ahora, para demostrar su inconformidad con la detención del Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Esto, señala, pesar de la “violación de los derechos fundamentales” que han vivido los manifestantes.
“Soy una mujer preocupada evidentemente por todo lo que está pasando porque, si no ponemos ahora el pecho, como se dice, si no nos ponemos la camiseta… y luchamos por mejores días para nuestras futuras generaciones, entonces esto va a seguir avanzando”, al referirse, según ella, a la “dictadura” del presidente Luis Arce.
El sentimiento de frustración lo comparte Micaela Rodríguez, de 28 años, quien describe con tristeza la situación que vive su país, las víctimas que han dejado las manifestaciones y la percepción de que, año tras año, la situación que en nada o poco ha cambiado, a raíz de las crisis políticas y sociales,
“No soy ajena a que, dentro del Perú, existe una diferencia sistemática y estructural, en relación a los derechos de las personas”, dijo la joven a la VOA, quien evocó un viaje a Cajamarca, donde se dio cuenta que los ciudadanos tenían poco o ningún acceso a los servicios básicos.
“Es este centralismo que conocemos y que existe en el Perú el que hace que pues se manifiesten y exijan un llamado a las autoridades para atender muchos de sus derechos”, cuenta la peruana.
No hay confianza
Pero la analista Marta Lagos, la mayor crisis que tiene América Latina es la desconfianza con los otros y con instituciones públicas “lejanas a la gente”, como el parlamento, los partidos políticos, el sistema judicial y el gobierno.
Según la directora de Latinobarómetro, la última década, el promedio de aprobación de gobierno en la región bajó de 60 a 30.
“Esto es un enfermo crónico que no ha tenido tratamiento. Tiene un diagnóstico pero sin tratamiento”, agrega.
Trejos, analista internacional, explica además que en América Latina se percibe una desinstitucionalización del Estado: “Cuando salgo a la calle, lo que estoy poniendo en tela de juicio es la capacidad del Estado de resolver demandas y social. Y, si el Estado no se fortalece, va a haber más traumatismo social por el aumento de las movilizaciones”.
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Y así lo confirma Pamela, pues dice -con un poco de rabia- sentirse inconforme con “el abuso de poder, de tanta corrupción y narcotráfico” que se vive en Bolivia.
Un tema que tampoco es ajeno para Micaela, quien percibe el actual gobierno peruano de la presidenta Dina Boluarte como “ilegítimo” y quien describe la corrupción como uno de los males más grandes que padece no solo Perú sino la región.
¿Por qué las marchas se tornan violentas?
Según las autoridades, casi 60 personas han fallecido en las manifestaciones en Perú. En Bolivia, cientos han sido heridos. En Brasil, durante el ataque a las instituciones públicas, varios salieron lesionados.
La violencia, dice Lagos, es una consecuencia de la “falta de integración, de la exclusión de grandes porciones de la población de los beneficios del crecimiento económico”.
En cuanto a aquellos que se toman la justicia por su propias manos, Lagos cree que es “un síntoma de los Estados fallidos”, lo cuales no pueden controlar todo el territorio y tampoco recaudan suficientes fondos para fortalecerse. Por lo tanto, se afecta la seguridad de los ciudadanos y se “valida la violencia” porque, “en la medida que el Estado no llega, se toman territorios del narcotráfico… el crimen organizado. Es un caldo de cultivo para esas organizaciones”.
Para Trejos, con los hechos recientes, “queda en evidencia que en América Latina no contamos con mecanismos de resolución de controversia no violenta que se han legitimado por la sociedad” y que hace parte de las marchas porque “lastimosamente”, con este tipo de situaciones violentas, se llama más la atención y se genera más cubrimiento mediático que las pacíficas.
Los antecedentes
Según los analistas, las protestas recientes en países como Bolivia, en contra de la detención del gobernador de Santa Cruz, y Perú, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y el ascenso de la mandataria Boluarte, además de los ataques en Brasil, no son hechos aislados a una realidad que ya se venía presentado, desde 2019, en Colombia, Ecuador y Chile.
Hay que leerlas como “eslabones de una larga cadena de movilizaciones sociales que se exacerban durante las pandemias o durante las cuarentenas generada por la pandemia del COVID-19”, dice Trejos. El ejemplo más cercano, para él, es Chile, donde la movilización desembocó en un proceso constituyente. Ecuador, que protagonizó marchas presionadas por el alza en los precio del transporte público y Colombia donde se presentaron movilizaciones sistemáticas, durante el año 2021.
Para Marta Lagos, el año 2019 mostró la realidad que la década del 2010 había ido acumulando: “Demandas ciudadanas no satisfechas, en la región” atenuadas, además, por la pandemia, la cual mostró “todas las debilidades del Estado, haciendo imposible que el sistema político los ignorara”.
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