Una comisaría y un tribunal en el sur de Perú fueron incendiados el sábado durante una protesta antigubernamental en la que las fuerzas del orden hicieron disparos al aire y lanzaron bombas lacrimógenas desde helicópteros, al tiempo que también hubo movilizaciones en Lima.
Un enfrentamiento en la ciudad de Juli dejó 16 heridos —10 civiles y seis militares—, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
Los inconformes exigen desde diciembre la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como de todos los miembros del Parlamento, que es la institución más impopular del país según todas las encuestas, y la celebración adelantada de comicios.
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Uno de los civiles heridos tenía un balazo con entrada y salida en su brazo derecho. El resto sufrió contusiones e intoxicaciones por gas lacrimógeno, de acuerdo con un comunicado del hospital Rafael Ortiz en Juli, a orillas del lago Titicaca. Juli se ubica en la región Puno, donde en enero la respuesta policial a una manifestación dejó 18 civiles muertos.
Helicóptero arrojó bombas desde el aire
Las televisoras mostraron videos donde soldados del ejército dispararon al aire durante varios minutos tras verse rodeados por manifestantes que pedían a los militares que abandonaran la ciudad.
En otro momento, un helicóptero policial arrojó bombas lacrimógenas contra los manifestantes. El helicóptero intentó aterrizar, pero los manifestantes se lo impidieron.
Más tarde, la comisaría y el tribunal de Juli fueron incendiados, según videos mostrados por la televisión pública.
Al mismo tiempo, en la capital peruana varias manifestaciones pacíficas fueron reprimidas con gases lacrimógenos y varazos por la policía.
Las protestas en Lima aumentaron su frecuencia desde mediados de semana en zonas de clase media luego que el alcalde conservador del municipio limeño, Rafael López, prohibiera a mediados de febrero las manifestaciones en el centro histórico capitalino.
Más de 60 muertes han dejado protestas
Las movilizaciones en Perú empezaron el 7 de diciembre cuando Boluarte asumió el poder luego de que su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, fue destituido por el Parlamento porque intentó disolver el Congreso.
Las protestas se ampliaron a Lima en enero con pobladores que llegaron desde los Andes, sobre todo del sur, aunque las manifestaciones han disminuido desde mediados de febrero.
Boluarte asegura que no renunciará hasta que se elija a su sucesor en elecciones anticipadas y el Congreso ha archivado cuatro proyectos de adelanto de comicios, incluido una del gobierno. Las dos últimas propuestas fijaron para octubre y diciembre el llamado a las urnas pero fueron desechadas.
Las protestas suman un total de 60 fallecidos en su mayoría manifestantes, según la Defensoría del Pueblo. De ese total, 48 son víctimas de choques directos con las fuerzas de seguridad.
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