La ONU expresó el viernes su preocupación por la «militarización de la seguridad pública» en Honduras, dos días después de la prolongación del estado de excepción que rige en el país para combatir la delincuencia.
«Reconocemos que es urgente atacar los actuales niveles de violencia en el país, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles», declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra.
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«Pero estamos extremadamente preocupados por el hecho de que algunas de las medidas que han sido adoptadas podrían conducir a violaciones de los derechos humanos», alertó.
El estado de excepción fue originalmente decretado el 6 de diciembre de 2022 «en virtud de la grave perturbación de la paz […] ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados», como las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Esta medida, dice el Alto Comisionado en un comunicado, «permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en la ejecución de labores de seguridad pública» pero «deroga el derecho a la libertad individual, la libertad de asociación, de reunión y de movimiento».
El gobierno hondureño prolongó el 5 de julio por 45 días más este estado de excepción.
Las autoridades habían anunciado el 21 de junio que el mando y el control del sistema penitenciario eran transferidos a la policía militar, según la ONU.
Esta decisión fue tomada tras la reyerta en una cárcel de mujeres entre bandas rivales en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que dejó 46 fallecidas entre las detenidas, según Hurtado.
«Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras», indicó, y según las primeras informaciones de la ONU y oenegés, «los detenidos, especialmente los que están asociados a pandillas, fueron golpeados y recibieron patadas por parte de la policía militar».
Otros detenidos fueron privados de sueño y su comida y bebida fue reducida, lo que, según la portavoz, puede ser considerado como «malos tratos».
La ONU considera que «el sistema penitenciario tiene que estar bajo control civil», en el marco de una estrategia para combatir las causas profundas de la violencia.
«Instamos a las autoridades a garantizar una vigilancia interna y externa de las operaciones militares en las cárceles (…) para prevenir la violación de los derechos humanos», reiteró Hurtado.
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