Estados Unidos anunció el martes un alivio limitado de las sanciones contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, que presentó como un gesto para promover una inminente reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición apoyada por Washington.
La administración de Joe Biden informó de estas medidas con relación a Venezuela al día siguiente del levantamiento de una serie de restricciones a Cuba, dos países que, al igual que Nicaragua, Estados Unidos califica de dictaduras.
Y aunque los funcionarios estadounidenses hablen de «coincidencias», la aproximación de la IX Cumbre de las Américas, de la que Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, puede tener algo que ver.
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La Casa Blanca no comunicó aún la lista de invitados, pero el jefe de la diplomacia para las Américas, Brian Nichols, afirmó a principios de mes que no espera que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén presentes por considerar que no respetan los preceptos democráticos.
México, el primero de algunos países de la región en amenazar con boicotear la cita si hay países excluidos, podría ser entonces sensible a esta flexibilización de la posición estadounidense.
Con relación a Venezuela, un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas que la decisión está «vinculada a un acuerdo entre ambas partes para reanudar las negociaciones» en Ciudad de México para encontrar una solución a la crisis política venezolana, «que deberían anunciar muy pronto».
Precisó que la administración Biden había tomado estas medidas «a pedido del gobierno interino» venezolano encabezado por el opositor Juan Guaidó, que Estados Unidos considera presidente legítimo de Venezuela luego de que Maduro asumiera un segundo mandato en 2019.
El gobierno de Maduro, reelegido hasta 2025 en comicios denunciados como fraudulentos por varios países, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a la oposición, iniciaron a mediados de agosto conversaciones en Ciudad de México con miras a superar una aguda crisis política, económica y humanitaria.
Las pláticas están estancadas desde octubre, cuando Maduro las suspendió en rechazo a la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, acusado de ser su testaferro.
Pero una sorpresiva visita de emisarios de la administración Biden a Caracas en marzo llevó a la liberación de dos estadounidenses detenidos desde hacía años en Venezuela y la promesa de reanudar el diálogo con la oposición.
Tensiones políticas internas
El «alivio de sanciones» a Venezuela anunciado el martes se refiere sobre todo a una «licencia limitada» otorgada al grupo petrolero estadounidense Chevron en el contexto del embargo al crudo venezolano, impuesto por Washington a Caracas en 2019 con la esperanza de sacar del poder a Maduro.
La exención «autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela» pero «no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con (la petrolera estatal venezolana) PDVSA», explicó el alto responsable estadounidense bajo condición de anonimato.
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Tras el anuncio de Washington, Caracas reclamó el «levantamiento absoluto» de las sanciones internacionales.
«Venezuela ha verificado y confirmado (…) que los Estados Unidos de América han autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela», escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Twitter.
«Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo», añadió.
La política punitiva «se calibrará»
El Tesoro estadounidense tiene previsto revelar «otra medida» más adelante, añadió.
Según reportes de prensa, Estados Unidos eliminaría de su lista de personas sancionadas a Carlos Erik Malpica Flores, un sobrino de la primera dama de Venezuela y exfuncionario de alto rango de PDVSA.
«Ninguno de estos alivios de presión conduciría a un aumento de ingresos para el régimen», aseguró el alto funcionario de Biden.
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E insistió: «Nuestro enfoque ha sido apoyar al gobierno interino y a la Plataforma Unitaria para lograr que el régimen tome medidas para lograr elecciones libres y justas, a través de negociaciones».
En ese sentido, dijo, la política de sanciones se «calibrará» para reducir la presión en caso de avances hacia la restauración democrática, o incrementarla si el proceso se descarrila.
Pero la estrategia de Biden genera tensiones políticas internas.
Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado e influyente miembro del Partido Demócrata de Biden, se declaró afín a una salida negociada a la crisis venezolana, pero dijo que «Estados Unidos solo debería considerar recalibrar las sanciones en respuesta a pasos concretos».
«Darle a Maduro un puñado de dádivas inmerecidas para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso», opinó Menéndez, tras criticar el lunes las medidas anunciadas sobre Cuba.
Su colega republicano, Marco Rubio, también disgustado con los pasos sobre Cuba, fue más allá, acusando a Biden de «apaciguar» dictadores.
«No podemos seguir permitiendo que los simpatizantes marxistas de la administración Biden dirijan la política exterior de Estados Unidos», afirmó.
La semana pasada, 18 legisladores del ala izquierda del Partido Demócrata pidieron a Biden levantar las sanciones contra Venezuela y continuar dialogando con el gobierno de Nicolás Maduro tras el «compromiso constructivo» de la Casa Blanca con el viaje a Caracas en marzo.
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