Entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de mayo de 2023, la juventud nicaragüense ha perdido alrededor de 30 opciones para elegir centros de estudios superiores, debido a la cancelación arbitraria de las casas de estudios por parte del régimen sandinista.
La desarticulación de las opciones universitarias inició en diciembre de 2021, cuando fue cancelada la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), por los diputados de la Asamblea Nacional bajo control del dictador Daniel Ortega.
La guillotina sandinista incluso decapitó al Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP), que aglutinaba a 14 universidades privadas.
Prosiguió en 2022 con la cancelación, confiscación y alteración de los status de al menos 22 organizaciones universitarias, incluyendo la antigua y privada Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, bastión rebelde de las protestas sociales de 2018.
Luego siguieron con la anulación y confiscación de bienes a la Universidad Popular de Nicaragua, la Universidad de Estudios Humanistas, Universidad Paulo Freyre y otras.
Dictadura consuma confiscación de la Universidad del Norte de Nicaragua
Murió la autonomía
En la destrucción del tejido universitario, el régimen anuló la independencia regional de La Universidad India y Caribeña de Bluefields (BICU) y Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).
A la vez, expulsó a la Universidad Centroamericana (UCA) del presupuesto estatal y del Consejo Nacional de Universidades, dejando siempre latente la confiscación de esa casa de estudios que pertenece a la Compañía de Jesús.
En su guerra contra la Iglesia Católica, sus símbolos, instituciones y personajes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han ensañado contra las universidades católicas y religiosas.
La Universidad Juan Pablo II, la Universidad Católica del Trópico Seco, Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua y Universidad Adventista de Nicaragua han caído bajo la anulación del régimen.
El régimen, a través del Ministerio de Gobernación, además ha cancelado a siete asociaciones universitarias de origen extranjero que en su momento gestionaban fondos para universidades locales en Nicaragua.
En todos los casos, la dictadura argumenta que las casas de estudios no están acreditadas en los indicadores de calidad, que no reportaron sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, ni aumentos y disminución en cuentas sin justificar.
Maquinaria demoledora
Luego de anuladas, ordenan decomisar sus bienes muebles e inmuebles a favor del Estado y bajo control del Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano partidario del Frente Sandinista para controlar la educación superior.
El Ministerio de Gobernación, el ente encargado de las cancelaciones, luego ha ordenado a las autoridades de las universidades intervenidas entregar de forma expedita y ordenada al CNU la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
El CNU procede después a reubicar a los estudiantes de las universidades canceladas en los centros de educación bajo control sandinista.
La Procuraduría General de la República, luego de las confiscaciones, se encarga de realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La última universidad cancelada por disolución de sus socios fue la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM), según un acuerdo ministerial publicado este jueves en La Gaceta.
La desaparición de esta universidad, a la que le fue concedida su personalidad jurídica el 25 de junio del 2012, fue una decisión de sus miembros, pero eso no la salva del decomiso de sus bienes.
En la publicación de La Gaceta se indica que desde el 2015 esa casa de estudio había faltado a sus obligaciones de ley al no reportar sus estados financieros y junta directiva. Eso significa que, aunque su cierre fue decisión de sus socios, sus bienes pasarán administrativamente al Estado por incumplir las normas.
Con el cierre de UCICAM, el número de universidades públicas y privadas en Nicaragua es de 27 centros, la mayoría estatales con sucursales en todo el país, algunas privadas de capital sandinista como la Universidad Americana y la Universidad de Managua.
Nicaragua Investiga
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