El exparamilitar sandinista, Marlon Gerardo Sáenz Cruz, de 65 años y conocido públicamente como “El Chino Enoc”, enfrenta un complejo proceso migratorio bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos que podría culminar en su expulsión hacia un tercer país.
Aunque su proceso se encuentra en revisión judicial, analistas e instituciones de derechos humanos advierten que, aun si un juez le otorga protección para no ser entregado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las autoridades estadounidenses conservan la potestad de enviarlo a una nación en América Latina o África con la que no posee ningún vínculo.
El pasado 8 de septiembre tuvo una primer audiencia y aunque no se conocen muchos detalles se sabe que se le programó un nuevo encuentro con el juez para el 22 de este mismo mes.
La ley prohíbe asilo a represores
Sáenz Cruz forma parte del grupo de 222 excarcelados políticos que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen nicaragüense y trasladados a Washington en febrero de 2023 bajo parole humanitario.
Sin embargo, tras ser detenido el pasado 17 de agosto durante una cita oficial de control migratorio en Los Ángeles, su solicitud de asilo tropezó con las restricciones de la legislación estadounidense, la cual prohíbe de forma tajante otorgar dicho estatus a personas involucradas en abusos de derechos humanos, tortura o actos de represión.
Ante este impedimento, la única vía legal viable para evitar su repatriación a Managua es la suspensión de deportación bajo la Convención contra la Tortura (CAT). Según reportó The Washington Post, esta figura de protección internacional evita la devolución al país de origen, pero no concede residencia permanente ni impide el traslado hacia terceros países.
El debate jurídico de un caso complejo
La posibilidad de que «El Chino Enoc» sea enviado a un país neutral cobra peso en el marco del incremento de denegaciones de asilo y la reubicación de personas con protecciones limitadas bajo las políticas migratorias de Estados Unidos.
Sobre las limitaciones de esta figura, Savi Arvey, directora de política y derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First, enfatizó a The Washington Post que «incluso si logra obtener la protección de un juez de inmigración de EE. UU., su seguridad no está garantizada».
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Defensora lamenta posibilidad de expulsión
Según declaraciones recogidas por medios como La Prensa e Infobae, la representante acreditada ante la corte, Muriel Sáenz, advirtió que la expulsión del exparamilitar enviaría un mensaje persuasivo a lo interno del régimen que «desalienta futuras deserciones y refuerza la narrativa del régimen de que no hay una salida segura» para quienes decidan desobedecer a la pareja dictatorial.
Pero con este tema el exilio está profundamente dividido. Otros piensan que Sáenz participó en crímenes de lesa humanidad y no debería ser protegido por Estados Unidos porque enviaría una señal de impunidad.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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