El pasado 4 de julio la vocera gubernamental y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que el régimen se está preparando para llevar a cabo un censo poblacional y de vivienda.
“Se hará el próximo año (2024). Estamos participando el Inifom, estamos participando el Banco Central y el Inide que rectorea, y vamos a estar otras instituciones que vayamos viendo que son necesarias, importantes”, indicó la segunda al mando del régimen.
La iniciativa pretende cuantificar el número de personas que realmente hay en el país, un dato muy importante para poder promover cualquier tipo de política pública, pero que sin duda dotará al régimen de información detallada que podría ser usada para el fortalecimiento del aparato represivo y de control social, según explican a Nicaragua Investiga la experta en integración y desarrollo, Haydee Castillo, y la directora del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, Olga Valle.
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Último censo fue en el 2005
“Contar con un censo nacional es un esfuerzo vital porque permiten cuantificar la población, el estado de esa población, si está accediendo a derechos o no, en ese sentido todo censo es vital para poder planificar la política de Estado y la política pública”, explica Haydee Castillo.
Esa misma importancia la señala Olga Valle, pero lamenta que se hayan tenido que “esperar 18 años para poder actualizar estas cifras”.
“Es importante para un país, para las políticas públicas después de una crisis migratoria como la que se viene dando en Nicaragua, saber a ciencia cierta cuál es la cantidad de personas que permanecen en el país, cuáles son sus características para así poder diseñar programas sociales, políticas públicas adaptadas a la realidad nacional”, añade la directora de Urnas Abiertas.
Y es que en Nicaragua, a diferencia de muchos países de la región latinoamericana, no se tiene un dato certero de la cantidad de población, mucho menos información específica sobre sus condiciones de vida. El último censo que se hizo en el país fue en 2005, menos de dos años de la salida del gobierno del presidente Enrique Bolaños y el retorno al poder de Daniel Ortega.
Según ese censo, en 2005 había 5 millones 142 mil 98 habitantes en Nicaragua, con una densidad poblacional de 43 por cada kilómetro cuadrado. Ante la falta de datos más actualizados hasta ahora solo se pueden tener estimaciones.
Las proyecciones del Banco Mundial reflejan que hasta 2022 Nicaragua tenía una población de 6,948,392 habitantes, bastante cercana a los 7 millones, y con un crecimiento anual promedio de entre 1.4 y 1.5 % desde 2006 hasta la actualidad.
Censo podría servir para “profundizar el control social, policial”
“Un censo cumple esa función (vital) en un país normal, en democracia, en libertades, en donde la política pública se planea junto con la participación ciudadana; sin embargo, en la situación de estado de excepción de facto en el que se encuentra Nicaragua, este censo podría tener el propósito más bien de profundizar el control social, policial que hasta este momento esa ha sido la política de Estado del régimen Ortega-Murillo”, añade Haydee Castillo.
La experta en integración y desarrollo señala que si bien el censo es muy necesario y ayudaría mucho a conocer la realidad de los nicaragüenses, el problema radica en el “secretismo y manipulación de la información” que ha caracterizado al régimen liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Es un régimen que ha violentado completamente la Ley de Acceso a Información Pública que se aprobó en el país producto de la presión de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil organizada. Ante esto la población no va a estar en condiciones de brindar su información con franqueza porque podrá creer que es para confiscar tierras, viviendas, propiedades e incrementar el control social para la represión” agrega.
Población temerosa de dar información
Daniel Ortega ya tiene bien marcada la fama de confiscar bienes. Lo hizo en la década de los ochenta y lo sigue haciendo en estos 16 años que lleva ocupando la silla presidencial desde 2007, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política de la República prohíbe las confiscaciones.
“Hay una gran preocupación por parte de la ciudadanía de que esta información (del censo) sea usada para aumentar el control político que existe sobre la población”, explica Olga Valle.
“Desde Urnas Abiertas señalamos que para poder elaborar cifras y estadísticas confiables es importante que la población dé información verdadera y para eso tiene que confiar en el proceso; y como sabemos en este momento dentro de todo lo que está sucediendo en Nicaragua también hay una crisis de la confianza en la institucionalidad por lo que eso pone en riesgo, por culpa de las acciones represivas del Estado ,en poder tomar y extraer información verdadera y confiable”, añade.
Régimen podía manipular información
Valle hace hincapié en lo sucedido con las cifras de la pandemia de Coronavirus, que eran “contrarias a la realidad del país”, por lo que las “estadísticas que entrega el gobierno no son confiables”.
“Esta opacidad que caracteriza al régimen sandinista viene en detrimento de poder mejorar la calidad de vida y el bienestar de las y los nicaragüenses”, señala la directora de Urnas Abiertas.
Haydee Castillo sostiene que este censo de población y vivienda le va a permitir al régimen “poder usar los bienes de la población como mecanismo de presión política. La política de este régimen es: ‘estás conmigo o estás contra mí’. La política es o estás con ellos o una muerte civil”.
Agrega que el censo le servirá al régimen para:
- Obtener fondos para poder hacer el censo, “porque seguramente se los va a pedir a la cooperación internacional”.
- Incrementar el control sobre la población. “Quienes son, dónde están, qué es lo que tienen”.
“La gente va a tener muchísimas dudas de brindar esa información porque en este momento estamos ante una política totalmente confiscatoria, arbitraria de despojar de los bienes a las personas sin ninguna causa que lo justifique, además la Constitución de la República de Nicaragua dice que nunca más iba a volver a haber confiscaciones. No creo que la población se anime, quiera proporcionar esa información”, apunta Castillo.
Un país que “da vergüenza”
Ante las pretensiones bajo la mesa del régimen de Ortega, Olga Valle en nombre de Urnas Abiertas, hace un llamado a las autoridades “que bajo ninguna circunstancia este despliegue para hacer un censo de la población implique mayores medidas de coacción, vigilancia, control y persecución contra la ciudadanía” y anima a la población a que “esté pendiente, activa y denuncie en caso de que se instrumentalice este censo”.
Haydee Castillo lamenta que este censo sea “para engavetarlo o para dar información manipulada”. Alega que Nicaragua es un país que “da vergüenza” al no reflejar cifras de importancia en los organismos internacionales que monitorea los datos de pobreza, igualdad de género o cuantificación de los grupos etarios de la población.
“Nicaragua es uno de los países que a veces ni figura en determinadas estadísticas a nivel mundial de Unicef, Naciones Unidas, censos de población, no hay un referente que pueda servir para hacer análisis de política pública y datos comparativos de los comportamientos de la población que es súper necesario para definir los programas de desarrollo”, concluye la experta en integración y desarrollo.
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