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Presunto femicida de Ticomo había recibido indulto y gozaba de trabajo

Héctor Manzanares, presunto femicida de la joven Yenelieth Peña, tenía antecedentes penales. Feministas denuncian que «es una burla» para las víctimas que los agresores gocen de indulto y los consideren aptos para trabajar.

Héctor Orelvin Manzanares, presunto femicida de Yenelieth Noryeli Peña López, de 19 años. Foto: Redes sociales.
Héctor Orelvin Manzanares, presunto femicida de Yenelieth Noryeli Peña López, de 19 años. Foto: Redes sociales.

El presunto femicida Héctor Orelvin Manzanares, de 38 años, fue perdonado por el régimen de Daniel Ortega por intento de asesinato contra una mujer y salió de la cárcel solo para acabar con la vida de otra, según denuncias.

Manzanares ahora enfrenta otro proceso judicial por el delito de femicidio en contra de la joven Yenelieth Noryeli Peña López, de 19 años, encontrada sin vida el 12 de abril en Ticomo, Managua, dos días después de su asesinato.

La víctima, originaria de Camoapa, Boaco, se reunió con Manzanares el 10 de abril con la ilusión de conseguir trabajo, lo que el hombre le prometía a las mujeres para «aprovecharse» de las mismas, de acuerdo a reportes; pero, la joven encontró la muerte.

Medios nacionales afirman que Héctor Manzanares había sido condenado por intento de asesinato contra otra mujer en 2009, en Matagalpa, pero su estadía por la cárcel fue breve porque la justicia de Nicaragua le decretó la medida cautelar de presentación periódica. Manzanares andaba libre y solo debía llegar los viernes a  firmar a los juzgados.

El sujeto además ya había encontrado trabajo y se desempeñaba como vigilante de un hotel ubicado en Ticomo.

Indultos y trabajo para hombres violentos y femicidas

«Es preocupante, lamentable, indignante, es una burla a las vítimas y sus familias de femicidio porque después del trauma, los gastos, todo lo que incurre esta situación, el agresor ande libre como si nada», lamentó una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), quien pidió anonimato por temor a represalias del régimen sandinista.

«Si hay que describir la impunidad o mostrarla gráficamente, la mostramos con el indulto masivo, casi 30 mil indultos, donde hay cantidad de hombres acusados por femicidio o violencia en sus diferentes expresiones que no cumplieron con la condena establecida», dijo a Nicaragua Investiga.

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La feminista criticó cómo el presunto femicida y otros hombres violentos, aún con antecedentes penales, tienen la facilidad de encontrar trabajo y como guarda de seguridad.

«No se sabe si pasaron por un proceso de limpiar su récord policial. No hay ningún proceso que diga que este hombre ya estaba apto para trabajar e insertarse a la sociedad», señaló.

A pesar que, en 2021, el régimen de Daniel Ortega instauró la cadena perpetua contra «crímenes de odio», y en 2012 ya había aprobado la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, los femicidios continúan aumentando.

«Las víctimas y sus familias no han encontrado 100% justicia en un país donde abunda la corrupción, el tráfico de influencia, no son sistemas transperentes. Es un país sin justicia, sin protección a la mujeres, llenos de obstáculos para las víctimas y facilidades para los agresores», dijo la feminista quien urgió investigar estos casos.

Hechos

Yenelieth Noryeli Peña López se acababa de mudar a la casa de una amiga de nombre Cristina Fernanda, en Managua, pero el 10 de abril fue de visita a Ticomo donde otra compañera, Amy Josseline. Amy vivía en la misma vivienda con Manzanares, de acuerdo a reportes.

«La víctima, a eso de las 6:28 de la noche le envió un audio a su amiga Cristina, donde le informaba que un hombre le estaba consiguiendo trabajo en un hotel y que iba para una entrevista de trabajo a este lugar», describió el Ministerio Público durante la audiencia.

«En fecha 12 de abril de 2023, aproximadamente a eso de las 9:30 minutos de la mañana, Cristina recibió una fotografía por WhatsApp de un cuerpo que se encontraba en un cauce y esta de inmediato reconoció que era el cuerpo de su amiga», añade el informe.

El juez Rolando Sanarrusia, del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, aceptó las pruebas y elevó el caso a juicio oral y público, programado el 9 de agosto, por el delito de asesinato agravado.

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